Durante más de cinco años, la abogada Adriana Leonel de Cervantes padeció gritos, discriminación; su labor no fue valorada y la sobrecarga de trabajo era constante. El maltrato lo experimentó a manos de su jefe inmediato, Marco Antonio Zepeda Anaya, sobrino de Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), recinto en el que esta mujer, de 35 años de edad, ingresó a trabajar en 2002.
Además de estas agresiones, consideradas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como violencia laboral (LGAMVLV), Adriana sufrió acoso sexual por parte de uno de sus compañeros de trabajo, Alberto Artiñano Romero. Estos hechos fueron denunciados por la abogada ante la Comisión de Equidad y Género de la SCJN, y nada cambió.
Según el Artículo 10 del segundo capítulo de la LGAMVLV, la violencia laboral es ejercida por personas que tienen un vínculo establecido por el trabajo y «consiste en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad», señala esta legislación.
Asimismo, refiere que puede tratarse de un solo evento perjudicial o en una serie de acontecimientos cuya suma produce el daño. También incluye el acoso y el hostigamiento sexual.
SU HISTORIA
Adriana ingresó a la SCJN en 2002, en el área de Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales, donde ocupó la dirección del departamento; sólo permaneció ahí un año y medio. Tiempo después, por el inicio de un nuevo proyecto, requirieron de su trabajo en Planeación de lo Jurídico, donde comenzó a sufrir malos tratos; en este tiempo, a manos de Héctor Hermoso, su superior inmediato.
En esta área pasó de realizar labores propias de su profesión a las de secretaria y hasta de «edecán», en actividades organizadas por la SCJN. Adriana habló incluso con las y los magistrados sin que su queja fuera escuchada. «Querían que me fuera, cansarme hasta que no soportara más y presentara mi renuncia».
Tiempo después, Hermoso fue removido de su cargo y llegó Mara Gómez, con quien Adriana y otras mujeres y hombres del departamento sufrieron igual hostigamiento. Sin embargo, la abogada consiguió cambiarse al área de Acciones y Controversia, en julio de 2008, donde conoció a Marco Antonio Zepeda, sobrino del presidente de la Corte.
Zepeda, desde un inicio, hostigó laboralmente a Adriana, quien es madre soltera de un niño de cuatro años de edad. «Soporté groserías, humillaciones, gritos, malos tratos. Todo por mi hijo, que depende de mí para tener un futuro, una vida digna», mencionó la joven.
Esta situación se convirtió en el día a día de Adriana, quien fue acosada sexualmente por Artiñano Romero, compañero de la abogada en Acciones y Controversia. El abogado de la SCJN le pidió a la joven sostener relaciones sexuales; ella se negó, y al poco tiempo Leonel de Cervantes fue acusada de extraviar un expediente que «casualmente», refiere, estaba bajo la responsabilidad de Artiñano.
LAS CONSECUENCIAS
De acuerdo con la LGAMVLV, el acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.
Dos meses después de que la abogada empezó a laborar con Marco Antonio Zepeda comenzaron los malestares físicos y emocionales. La migraña y la depresión hasta hoy forman parte de su cotidianidad.
El estrés llegó a tal grado que Adriana sufrió una caída en su trabajo, el pasado 22 de abril, a consecuencia de un colapso nervioso y se rompió algunas vértebras cervicales, accidente por el que la han operado dos veces en lo que va del año.
Este hecho no fue considerado como accidente laboral debido a que el personal médico de la Corte no diagnóstico fractura: sólo le sugirió a la abogada untarse una pomada para quitar el dolor y desinflamar.
Adriana ha estado de incapacidad los últimos dos meses. Los primeros cuarenta días recibió su salario completo; los siguientes, la mitad del sueldo, y de noviembre a la fecha no percibe remuneración alguna.
Ante la indeferencia de las autoridades en la SCJN, Leonel Cervantes denunció penalmente la violencia laboral que padece desde hace más de un lustro en la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) el 22 de septiembre pasado, sin que a la fecha haya recibido el acuerdo de admisión, documento mediante el cual se ratifica a la denunciante que el caso está siendo atendido.
La demanda en Fevimtra es por abuso de poder, ya que pese a que existe la LGAMVLV en el país, la fiscalía señaló que el acoso sexual, el cual forma parte de la violencia laboral, no es un delito establecido en el código penal y, por lo tanto, no pueden procesar a su agresor.
09/GCJ/YT/GTR
