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Impunidad en 3 casos de comunicadoras agredidas

Por la Redacción
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A diferencia de periodistas varones que han sido violentados, las comunicadoras Gloria Ruiz García, Teresa Guerra Ochoa y María Elena Ferral denunciaron que fueron agredidas y perseguidas judicialmente, además de que su labor informativa fue menospreciada.
 
De acuerdo con la Red Nacional de Periodistas, la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, y Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), esta característica de discriminación perpetúa la impunidad contra las comunicadoras.
 
Desde el pasado 19 de marzo, la periodista coahuilense Gloria Ruiz García, reportera de Canal Monclova, del periódico Sin Censura en Torreón, y de la revista El Quijote, ha sido intimidada, acosada y hostigada sexualmente en redes sociales por publicar una nota sobre un fraude.
 
La reportera señaló como responsables de las agresiones al coordinador estatal del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (FCRN) de Coahuila, Raúl Villarreal, y al presidente del Partido Joven en el estado, Edgar Puente Sánchez.
 
La informadora, al igual que otros colegas suyos, reportó el fraude contra habitantes del municipio de Jiménez por la venta de tarjetones para circular autos ilegales por todo el país.
 
Sumado al acoso por internet, el pasado 7 de abril un vehículo con tres sujetos a bordo se interpuso entre ella y los escoltas que le fueron otorgados como parte de un protocolo de seguridad.
 
Po otra parte, la columnista sinaloense Teresa Guerra Ochoa, quien colabora en el periódico El Debate y es comentarista en el noticiario Línea Directa, fue demandada por “daño moral” por criticar a Héctor Melesio Cuén Ojeda, candidato a la gubernatura por el Partido Sinaloense y Movimiento Ciudadano.
 
A decir de la periodista, la demanda tiene el objetivo de inhibir y silenciar su crítica ante los excesos de quien fuera un servidor público. A partir de este suceso, Guerra Ochoa ha enfrentado el descrédito como periodista.
 
En otro caso, el pasado 29 de marzo la periodista María Elena Ferral de El Diario de Xalapa, fue amenazada por el diputado local priista Basilio Camerino Picazo, mientras se encontraba con su hija e hijo en un restaurante en el municipio de Papantla, al norte del estado de Veracruz.
 
El diputado arremetió contra ella porque publicó un artículo sobre su historial como político. Le lanzó: “Te vamos a levantar”; y después siguió una campaña de denostación a su labor periodística.
 
Ante ello, las redes de periodistas dijeron que es “alarmante” el incremento de violencia contra las comunicadoras, y las particularidades en las represiones que se generan cuando deciden alzar la voz.
 
En los tres casos, pese a existir una denuncia legal en diferentes instituciones como el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, las procuradurías de Justicia estatales, o las comisiones de Derechos Humanos locales, no existen las condiciones que les aseguren su integridad física y psicológica.
 
Las redes llamaron a las autoridades respectivas a garantizar el acceso a la justicia y la reparación del daño para las víctimas, según las recomendaciones nacionales e internacionales contra la violencia hacia periodistas.
 
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