Inicio Impunidad en Atenco, si SCJN no señala responsabilidad del Estado

Impunidad en Atenco, si SCJN no señala responsabilidad del Estado

Por Redaccion

A pesar del reconocimiento de graves violaciones a los derechos humanos durante el operativo policíaco del 3 y 4 de mayo de 2006, en Atenco, entre ellas tortura y agresiones sexuales contar mujeres, puede prevalecer la impunidad si no se determina que obedecieron a una estrategia de Estado, cuyo origen es la desatención a las demandas sociales, declaró el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).

El dictamen elaborado por el Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, discutido a partir de hoy en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emite una conclusión que limita el alcance de la declaración y favorece la impunidad a los altos funcionarios federales y estatales, pues no señala que estas graves violaciones obedecieron a una estrategia Estatal y que las instrucciones expresas y órdenes ilícitas de los altos funcionarios dejaron con toda la responsabilidad a la voluntad de unos policías “mal instruidos e indisciplinados”, señala el FPDT en un comunicado.

FPDT agregó que el hecho de que en el dictamen elaborado por el Ministro Gudiño Pelayo se reconozca la violación de los derechos los días 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y Atenco, es una consecuencia lógica derivada del estudio de las
pruebas aportadas por organismos públicos y civiles de
carácter nacional e internacional, pero también es una obligación ética y moral declararlo así en la Corte.

El Frente recordó que la propia Comisión Investigadora determinó que el día 3 de mayo por la noche se reunieron Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México; Wilfredo Robledo, comisionado de la Agencia de Seguridad estatal; Abel Villicaña, procurador general de Justicia del Edomex; Humberto Benítez Treviño, secretario de Gobierno del Edomex; Eduardo Medina Mora, procurador general de la República (PGR); Genaro García Luna, titular de Seguridad Pública, y Miguel Ángel Yunes, actual director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con el fin de definir el Operativo Rescate Atenco, lo que implica una planeación y dolo para aterrorizar a la población y exterminar al FPDT.

La FPDT señala que, a diferencia de lo que se expresa en el dictamen al relatar una serie de hechos descriptivos como contexto, el origen del conflicto es la falta de atención a las demandas sociales del FPDT, cuya petición consistía en que el Ayuntamiento de Texcoco permitiera vender flores a un grupo reducido de personas el 3 de mayo de 2006.

Es decir, lo que era un hecho irrelevante de carácter municipal se convirtió en cuestión de horas en un caso grave de violaciones a los derechos humanos, con la intervención de los tres niveles de gobierno, cuya coordinación –por lógica elemental– supuso un plan y una estrategia de control de población, que sólo podía haber sido decidida por Enrique Peña Nieto y el Gabinete de Seguridad Nacional de Vicente Fox.

09/LAG/GG

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