El día de ayer la Alta Comisionada de de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, escuchó atentamente durante hora y media el diagnóstico que las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones de mujeres y feministas hacen sobre la situación de los derechos humanos en México.
Las más de 90 activistas que participaron en esta reunión dejaron claro que la política que existe en México, en materia de derechos humanos, es la impunidad y la represión.
En más de siete años de gobierno panista y de 14 meses del mandato de Felipe Calderón, la criminalización de los movimientos sociales ha sido la política que desde el ejecutivo federal se ha creado contra las organizaciones. La lucha contra el narcotráfico ha servido de pretexto para que se desprestigie la labor que defensoras y defensores de derechos humanos realizan, argumentando su «financiación» desde el crimen organizado.
De norte a sur del territorio nacional, las organizaciones y redes de derechos humanos hablaron de lo que día a día enfrentan en materia de derechos humanos: desaparición, tortura, presos políticos, criminalización de la protesta, atentados contra la libertad de expresión, militarización del país, injusticia y enorme impunidad.
Esta es la política de derechos humanos del gobierno del cambio, a decir de las y los defensores civiles. En 90 minutos 18 personas documentaron casos, entidades federativas y contexto nacional.
Pasta de Conchos y la impunidad ante la negligencia, la no justicia para las viudas y la suspensión para el rescate de los cuerpos. Hasta el día de hoy, explicó el abogado de las viudas Manuel Fuentes, no hay responsabilidad para ningún funcionario. Atenco cuyos líderes sociales purgan sentencias de 67 años de prisión, mientras ayer mismo a dos familiares del líder del cartel de Sinaloa los sentencian tan sólo a cinco y 15 años de presión.
Para las mujeres y la defensa de sus derechos humanos el recuento de los daños no es menor. En su breve intervención, María Consuelo Mejía, de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, habló de la impunidad que rodea al feminicidio en México: donde no se han tomado las medidas necesarias, donde se crean instancias que no cuentan ni con el nivel político para operar ni con los recursos necesarios para hacer su trabajo.
El Estado mexicano sigue haciendo caso omiso de las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, las más recientes las del Comité de expertas de la Cedaw; la Ley General de Acceso para las mujeres a una vida libre de violencia continúa sin reglamento para su operación , la ultra derecha desde los puestos de decisión del gobierno sigue haciendo su trabajo para revertir los avances ganados.
El acceso a la justicia para las mujeres es un camino cerrado y el peligro de que la Suprema Corte de Justicia no respete la voluntad de las mujeres del Distrito Federal, su derecho a decidir cuando y como ser madres, y la resolución de la Asamblea legislativa es unapreocupación para las ONG defensoras de derechos humanos en México.
A decir de la activista Gloria Careaga lo que existeen México es una política de apariencia del gobierno mexicano ante la comunidad internacional, pero hacia adentro lo que hay es represión.
Careaga explicó en su exposición que si bien hay reformas legales, en la vida cotidiana existen retrocesos, especialmente para la comunidad lésbico gay, quienes siguen enfrentando en escarnio público por su opción sexual.
La Alta Comisionada tendrá aún tiempo para profundizar en las voces ciudadanas, tomará el pulso de lo que sucede en este México, la oficina se queda con una enorme tarea desde lo limitado de su presencia: seguir velando por el respeto a los derechos humanos de las y los mexicanos.
08/LLH/CV
* Coordinadora General de Comunicación e Información de la Mujer, AC (CIMAC).
