El día de hoy el Foro Migraciones condenó «los brutales operativos» que realizan el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Armada de México, en donde, afirmaron, sistemáticamente se cometen robos, uso excesivo de la fuerza, golpes con palos, toletes, ganchos y ultrajes en contra de mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes migrantes.
En conferencia de prensa, integrantes del Foro Migraciones citaron como ejemplo de estos abusos los hechos recientes en contra de los migrantes –documentados por los medios de comunicación y activistas de los derechos humanos– en Las Palmas, Niltepec, Oaxaca, los que dan cuenta de los niveles de violencia a la que han llegado las instituciones «encargadas» de preservar la «seguridad» del país.
Todo esto dentro del modus operandi de las instituciones que debería proteger a la población migrante y brindar seguridad a las y los mexicanos, señalaron.
También denunciaron como «una vez más la incapacidad y doble moral de la política migratoria del Gobierno Federal se traduce en el mantenimiento de un estatus quo que criminaliza la migración y favorece la impunidad con el fin de contener la migración hacia Estados Unidos».
Luego de un análisis de lo que llamaron «criminalización de la migración» y el vínculo de la migración al de seguridad en México apuntaron que esta «situación no permite que en la práctica la migración sea atendida bajo los estándares internacionales de derechos humanos, ni bajo una óptica integral basada en soluciones de desarrollo y de tránsito documentado».
De nada sirve una defensa en el exterior de los derechos de la población migrante, cuando al mismo tiempo se dan diversas violaciones a esta población en territorio nacional, indicaron.
El Foro Migraciones, integrado por organizaciones de la sociedad civil y activistas defensores de los derechos humanos en México, manifestó su rechazo a estas acciones salvajes y a la flagrante violación a los derechos humanos de los migrantes en estos «operativos» y exigió al gobierno de México que analice e investigue la creación de este status quo en la frontera sur con Guatemala, desde la perspectiva de los derechos humanos para poner fin a este tipo de situaciones.
Se pronunció, además, por la condena de los hechos de violencia contra los migrantes centroamericanos ocurridos el pasado 31 de marzo de 2008 en el Municipio de Niltepec, Oaxaca, y exigió que se investigue y sancione a los responsables de las violaciones y las lesiones ocasionadas en el operativo, en agravio de los migrantes asegurados y de la sociedad en general.
Por último, al repudiar el modus operandi de las autoridades –en lo que concierne al control de las fronteras y del flujo migratorio en México— en un boletín de prensa hicieron un llamado a los organismos públicos de derechos humanos para que realicen las investigaciones necesarias de forma eficaz y profunda de los hechos ocurridos y en su momento emitan las recomendaciones correspondientes.
El comunicado lo firman 32 organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentran Albergue del Desierto, Cáritas Hermanos Indígenas y Migrantes, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Centro Regional de Capacitación de la Red Mujeres del Bajío, Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, Servicio Jesuita a Migrantes-México, Sin Fronteras, Frontera con Justicia, Uarhi, Centro de Apoyo para el desarrollo de la Mujer Purhépecha.
Además de 19 activistas en pro de los derechos humanos en México: Carmen Fernández, Cristina Robledo, Enrique Maza, Flor Elena Juárez Gutiérrez, Gretchen Kuhnerm, Manuel Ángel Castillo, Marcela Ibarra Mateos, Martha Luz Rojas Wiesner, Miguel Rionda, Ofelia Woo Morales, Gustavo López Castro, Hugo Ángeles Cruz, José Alfredo Manzo Diego, José Ascensión Moreno Mena, Patricia Zamudio Grave y María Eugenia Pérez Herrera, Rodolfo Casillas R., Rodolfo García Zamora, Sergio García
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