A pesar del hostigamiento persistente a que han sido sometidos los movimientos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT), en América Latina, han alcanzado logros en los últimos 20 años, como su derecho a la no discriminación.
De acuerdo con el informe «Por el mismo camino, por caminos diferentes. El activismo en torno a la orientación sexual y la identidad de género en el mundo», elaborado por Human Rights Watch, México, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela brindan protecciones a nivel nacional frente a la discriminación por orientación sexual, aunque no en el caso de la identidad de género.
El informe de 2009 -basado en las respuestas a preguntas que formuló Human Rights Watch, a través de una encuesta y de entrevistas individuales, a 100 líderes activistas por los derechos sexuales- resumen como la gente se ha unido en torno a cuestiones de sexualidad y género, contra la discriminación y abusos.
En 2008, Uruguay se convirtió en el primer país latinoamericano en reconocer las uniones entre personas del mismo sexo mediante una ley de alcance nacional, aunque muchas ciudades y provincias de la región, ya habían reconocido estas uniones anteriormente.
En este contexto -en México, el 21 de diciembre de 2009- la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) reformó el Código Civil, con lo que esta ciudad se convirtió en la primera de América Latina en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de niñas y niños a estas parejas.
Sin embargo el progreso no llega a todas y todos en la misma medida, señala el documento. Una activista travesti expuso que «Brasil tiene la marcha del orgullo más grande del mundo, pero también una de las tasas más altas de crímenes por odio contra personas LGBT».
Además indica que en todo el continente siguen vigentes las leyes para detener a personas transgénero en lugares públicos – así como también a trabajadoras sexuales, gays y lesbianas.
La derogación de las leyes de sodomía (prácticas sexuales) ha dejado en pie otras disposiciones que permiten los abusos por parte de la policía. Una activista lesbiana dice: «En la República Dominicana, la homosexualidad no está penalizada, pero las disposiciones sobre «moral y buenas costumbres» se utilizan para hostigar a los hombres gays y a las personas transexuales».
La atención médica también es un tema para otros sectores, una activista lesbiana de Ecuador señala que existe una gran cantidad de denuncias acerca de instituciones psiquiátricas que intentan «curar» a las lesbianas utilizando terapias de choque y otros medios abusivos: «nos negamos a llamar a eso internación forzada: es tortura».
PREFERENCIAS SEXUALES Y RELIGIÓN
Activistas de la región coinciden en la influencia que ejerce la religión y la iglesia católica, así como la politización que ésta hace del concepto de «familia».
En el caso de México, mediante el arzobispo primado de México, Norberto Ribera Carrera, la Iglesia católica se pronunció en contra de la legalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo, la cual calificó de «condenable e inmoral».
En Argentina, la Iglesia combate la inclusión de las parejas formadas por personas del mismo sexo en la ley sobre violencia doméstica; en Guatemala, presiona por una ley que excluya de la definición de «familia» a los hogares formados por madres o padres solteros o por cualquier configuración distinta de la familia nuclear.
En 2005 se aprobó en Honduras una enmienda constitucional que prohíbe el matrimonio y la adopción a las parejas del mismo sexo.
En países como Guatemala o Brasil, la presencia creciente de las denominaciones evangélicas también contribuye a lo que un activista llama «un proceso continuo de des-secularización, que no se limita a la sociedad pero termina presionando al Estado a sumarse a sus prejuicios.
El documento apunta que enfrentarse a la autoridad de la Iglesia significa, para muchas y muchos activistas, luchar contra la realidad de un «Estado confesional» inserto en un modelo de «Estado laico».
Los proyectos de ley que imponen penalidades frente al trato desigual despiertan dudas en algunos sectores sobre la utilidad de apoyarse en las funciones punitivas del Estado en busca de protección.
Hacen falta más cambios legales, como derogar los «edictos contravencionales» y las normas sobre «moralidad», además de incluir en las leyes contra la discriminación la identidad de género, concluyen activistas.
10/AGM/LR
