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Incompleta reforma al fuero militar, señala Corte Interamericana

Por la Redacción

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) declaró que es insuficiente la reforma al Código de Justicia Militar en México, la cual entró en vigor en junio de 2014 para acotar el fuero castrense, y permitir a la autoridad civil castigar a integrantes de las fuerzas armadas que atenten contra las garantías fundamentales de la ciudadanía.
 
La CoIDH estimó que la reforma “se adecuó parcialmente” al establecer que la jurisdicción militar no es competente para juzgar y sancionar violaciones a Derechos Humanos (DH) cometidas por militares en perjuicio de civiles, por lo que un pendiente legal es que se modifique la norma para evitar que el fuero militar investigue estos casos.
 
Así lo señaló al analizar el cumplimiento de las sentencias en los casos de desaparición forzada del líder social Rosendo Radilla Pacheco; la violación sexual de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú; y la tortura y detención arbitraria de los ecologistas Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores.
 
Estos casos de violaciones a DH fueron cometidos por efectivos militares, por lo que en las cuatro sentencias la CoIDH ordenó al Estado mexicano adoptar reformas legislativas para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales, entre otras reparaciones.
 
Los pasados 13 y 14 de mayo, la Corte informó sobre la supervisión de cumplimiento de las sentencias emitidas entre 2009 y 2010, y estimó que la actual legislación en México continúa sin adaptarse por completo a los estándares jurisprudenciales y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
 
Por otro lado, los centros de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Miguel Agustín Pro Juárez, y por la Justicia y el Derecho Internacional, así como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, aseguraron que la CoIDH hizo referencia a las limitaciones de la legislación actual que quedaron en evidencia a partir de la masacre de Tlatlaya, perpetrada el 30 de junio de 2014. 
 
En este caso, si bien las ejecuciones extrajudiciales están siendo juzgadas en el fuero civil, la causa permanece fragmentada porque la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) retuvo en el fuero militar el juzgamiento de determinadas conductas de los militares, con lo que se abre la posibilidad de que se extravíe la evidencia, y de que se realicen juicios paralelos que podrían arrojar conclusiones contrapuestas.
 
Entre los pendientes que menciona la CoIDH, está el hecho de que la Sedena y la Secretaría de Marina no hayan restringido la extensión de la jurisdicción militar sobre casos de violaciones a DH de militares cometidas por sus pares, y la reticencia de los mandos castrenses a instaurar un verdadero régimen de respeto a los DH al interior de la propia institución armada.
 
Sobre la importancia de restringir el fuero militar atendiendo a los “bienes jurídicos lesionados”, las organizaciones civiles señalaron en su momento que si se toma en cuenta que las instancias castrenses de procuración y administración de justicia no otorgan garantías orgánicas de independencia e imparcialidad, es posible que las acusaciones dirigidas contra militares por este tipo de delitos en dichas instancias atenten contra el debido proceso.
 
Las organizaciones destacaron que a principios de 2015, tanto el Comité contra las Desapariciones Forzadas como el relator sobre Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ambos de la ONU, recomendaron a México adoptar medidas legislativas para excluir de la jurisdicción militar las violaciones cometidas en contra de militares.
 
A decir de las agrupaciones que llevaron los casos ante instancias internacionales, las resoluciones dictadas por la CoIDH son fundamentales para garantizar el acceso a una justicia independiente e imparcial, así como para impulsar la transparencia, la rendición de cuentas, y el reforzamiento de los controles civiles sobre las fuerzas armadas en México.
 
Por ello, las organizaciones llamaron a que se cumpla –en el menor plazo posible– con las medidas antes citadas, en particular, que en el próximo periodo de sesiones el Congreso de la Unión reabra el debate sobre el Código de Justicia Militar, a efectos de que éste sea modificado para cumplir con el derecho internacional.
 
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