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Incompleto informe sobre feminicidio en Michoacán, critican

Por Anaiz Zamora Márquez

Las nueve recomendaciones al gobierno del estado de Michoacán para detener el feminicidio fueron diseñadas “a modo” para que la entidad las pueda cumplir y no se declare la Alerta de Violencia de Género (AVG), criticó Lucero Circe López Riofrío, directora de la organización civil Humanas sin Violencia.
 
Entrevistada por Cimacnoticias, la dirigente de la agrupación que en diciembre de 2014 presentó una solicitud de AVG para Michoacán consideró que el Grupo de Trabajo que indagó el feminicidio omitió recomendaciones “fundamentales”, para erradicar la violencia contra las mujeres en el estado.
 
Este miércoles 8 de abril la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) publicaron el informe final del Grupo de Trabajo –integrado por funcionarios y académicas–, en el que se hacen nueve recomendaciones que Michoacán deberá cumplir a más tardar en seis meses o se declarará la AVG.
 
En el informe se llama al gobierno estatal a adoptar medidas para investigar y resolver todos los asesinatos de mujeres, diseñar un “Modelo Único de Atención” a víctimas de feminicidio, capacitar a su personal, y realizar campañas permanentes de información.
 
Asimismo, alimentar el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia Contra de las Mujeres, fortalecer las instancias judiciales, diseñar protocolos para la emisión de órdenes de protección, elaborar una estrategia educativa transversal, y publicar los reglamentos de las leyes estatales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.
 
Sin embargo, para Circe López Riofrío las recomendaciones “están hechas de forma que el gobierno pueda cumplir con ellas”, pues no van “al fondo” de la violencia contra las michoacanas –que según cifras oficiales cobró la vida de 789 mujeres entre 2006 y 2014–; además de que algunas de ellas retoman procedimientos y ciertas disposiciones que “ya hay o que ya están mandatadas en las leyes estatales”, abundó la activista.
 
Reconoció la importancia del informe, pero apuntó que es “imposible” que en sólo un mes el Grupo de Trabajo pueda conocer, analizar y dimensionar la violencia de género específica en la entidad.
 
“Quienes integran el equipo requieren de más (tiempo) y es evidente que deben de trabajar más de la mano con las organizaciones locales que somos las tenemos todo la experiencia en el tema”, insistió López Riofrío.
 
A decir de la defensora, en el documento no hay una postura clara sobre la obligación del gobierno del estado para que reconozca públicamente que tiene un problema de violencia feminicida, lo que representa una “omisión gravísima, porque fue uno de los puntos que nos llevó a solicitar la AVG y nos parece que esa debía ser una recomendación”.
 
Al mismo tiempo –añadió– no se recomendó que se diseñara un área específica en el Poder Judicial local para investigar y resolver los casos de feminicidio y los delitos de género.
 
Tampoco –acotó– hay una referencia a que la violencia feminicida tiene que ver con los tres poderes del estado, por lo que debe existir una adecuada coordinación entre todas las dependencias de la administración pública estatal.
 
“El documento tenía que haber presentado cosas tan nodales como la etiquetación de recursos específicos para el cumplimiento de estas recomendaciones, y de otras acciones a favor de las mujeres, así como una exigencia al gobierno local de transparentar el ejercicio de este dinero”, recalcó Lucero Circe López.
 
Agregó que en una reunión del Grupo de Trabajo con grupos civiles locales se pidió una línea de investigación para identificar si el narcotráfico e inseguridad en la entidad han detonado más casos de feminicidio, y de qué manera las mujeres son afectadas por este contexto, pero en las recomendaciones finales no se pidió que las estrategias anticrimen se diseñen con perspectiva de género.
 
“Nos parece que las recomendaciones fueron hechas a modo, para su fácil reconocimiento, porque lo que no quieren (desde el gobierno federal) es activar la AVG, ni en Michoacán, ni en ninguna entidad”, sostuvo la directora de Humanas sin Violencia.
 
Finalmente adelantó que su organización presentará las nueve recomendaciones a todos los partidos políticos, a fin de que quienes buscan un cargo de elección se pronuncien al respecto y garanticen que el cambio de gobierno estatal no afecte el cumplimiento de las observaciones.
 
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