Pese a que en la última década la mayor parte de los países del Continente Americano han reformado su legislación, o creado leyes especiales para sancionar la violencia contra las mujeres, no hay una evaluación clara ni de la magnitud del problema ni de los resultados concretos que han arrojado las medidas para erradicarla.
Así lo reconoció Mercedes Kremenestky, la principal especialista de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA) especializada en el tema, durante su conferencia magistral Vigencia plena de los derechos humanos de las mujeres en México.
Kremenestky, quien participó en el Congreso Internacional Regional para Apoyar la Armonización de las legislaciones Locales con los Instrumentos Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, que se realiza en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en Tlatelolco, afirmó que, de acuerdo con diversas evaluaciones, la implementación de programas y medidas para eliminar la violencia de género ha tropezado con dificultades considerables en toda la región.
Entre éstas, citó la inestabilidad política, las disparidades económicas existentes tanto entre los países de la región como al interior de éstos; la falta de recursos financieros y técnicos para poner en práctica los programas establecidos por la legislación y factores socioculturales, como actitudes, creencias y estereotipos sexistas, así como la presencia de una cultura de violencia.
«Todos los países de la región se ven afectados por los efectos perniciosos de una cultura de violencia prevaleciente, que trivializa todas las formas de violencia, presentándolas como inevitables, en un proceso que también resta importancia a la violencia basada en el género», sostuvo.
Además de estos factores, alertó, se han sumado nuevos peligros, como el uso de las tecnologías de información y comunicación, que facilitan ciertos tipos de violencia contra la mujer, como la pornografía infantil, el turismo sexual o el tráfico de mujeres y niños al servicio de todas las formas de explotación económica y sexual, además de hacer mucho más difícil la represión de esos delitos.
La especialista llamó la atención también sobre el hecho de que, aunque existe un caudal de estudios e investigaciones sobre el tema, existe una falta de comprensión de la violencia contra la mujer y sus causas, pues pese a las reformas legales se han detectado deficiencias como la violación conyugal y los ataques sexuales violentos dentro del hogar, que no se tipifican como delito en la región de una manera sistemática ni uniforme.
En muchos casos, destacó, el ataque sexual sigue considerándose un delito contra la moral y, en varias naciones, es definido aún basado en la reputación de la víctima. Además, en muchos países, la violencia todavía no constituye un delito penal y, por tanto, no alcanza penas similares a las previstas por violación de otros derechos humanos.
Pese a que todos los países de la región han suscrito la Convención de Belem do Pará, que incluye una definición amplia de la violencia contra la mujer, ha predominado la tendencia a limitar el tratamiento del tema al ámbito familiar y, en muchos casos, a no diferenciarla de otras formas de violencia, como la que se ejerce contra los niños y los ancianos, precisó.
«En comparación con los notables avances de la lucha contra la violencia doméstica, se destacan la ausencia o la debilidad de normativas y acciones relativas a otras formas de violencia contra la mujer, como la violencia sexual, el incesto, el tráfico de niñas y el acoso sexual», explicó al detallar el balance Violencia en las Américas, realizado por la Comisión Interamericana de la Mujer.
Kremenestky citó también, entre las deficiencias observadas en la región, la dificultad de las mujeres víctimas de cualquier forma de violencia para acceder a la justicia, la falta de conocimiento de jueces, magistrados y otros funcionarios sobre el tema y la existencia de la mediación y la conciliación en los casos de violencia contra las mujeres.
Las investigaciones y estudios realizados, agregó, coinciden en que las acciones desarrolladas por los países de la región aún no se traducen en acciones concretas, a lo que se suma la asignación insuficiente de recursos para atender el problema, por lo que consideró indudable la necesidad de «intentar nuevas formas para cumplir los objetivos de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer».
«Además, en la región, existe la urgente necesidad de adoptar medidas eficaces y una acción internacional para combatir y eliminar toda forma de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Para ello, es menester elaborar estrategias integrales para combatir este problema que incluyan asistencia mutua jurídica, policial y judicial entre países», puntualizó.
05/LG/GM
