A dos años de que Vicente Fox llegó al poder, el gobierno federal ha incumplido con las convenciones internacionales y la legislación nacional a favor de los derechos de la infancia y la adolescencia, denunciaron hoy organizaciones no gubernamentales.
Agregaron que el presidente Fox se ha quedado en el discurso a favor de las y los niños, y no ha ejecutado acciones efectivas, integrales y articuladas en beneficio de ese sector poblacional.
En conferencia de prensa, Nashieli Ramírez, directora del organismo civil Ririki, acusó al mandatario de incumplir con su compromiso de crear un programa nacional para la atención de los derechos de la infancia y la adolescencia, como lo establece el artículo séptimo de la ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, aprobada en abril de 2000.
El coordinador de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Gerardo Sauri, advirtió que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, tiene previsto presentar el próximo 10 de diciembre el Programa Nacional de Acción a Favor de la Infancia (PAFI).
Pero señaló que las organizaciones de la sociedad civil «fueron excluidas» de la elaboración de ese instrumento, y criticó que el programa se haya diseñado en forma centralizada, «al vapor», y «sin el concurso amplio de las propias instancias del gobierno federal».
Los representantes de los organismos civiles también apuntaron que la falta de acciones integrales que promuevan el desarrollo de la infancia y adolescencia, vulnera los derechos de esos grupos poblacionales consagrados en la Convención de los Derechos del Niño y refrendados por el gobierno mexicano en la pasada sesión especial de la ONU sobre infancia.
De su lado, Norma Negrete, presidenta de Espacios de Desarrollo Integral, criticó duramente la campaña del gobierno federal contra la explotación sexual infantil llamada «Abre los ojos, pero no cierres la boca», al considerar que sus acciones «están desarticuladas» y que no habrá resultados efectivos en tanto continúen los «vacíos legales» que impiden perseguir a cabalidad ese delito.
Al mismo tiempo, agregó que esa campaña no prevé acciones para atender a las víctimas de explotación sexual infantil.
En México, 16 mil niños y niñas son víctimas de explotación sexual, y según cifras oficiales el negocio de la pornografía infantil genera 20 mil millones de dólares de ganancia al año. Se estima que al menos 130 mil niños, niñas y jóvenes viven en las calles del país.
Norma Negrete alertó que en el país «hay un acelerado crecimiento» de redes regionales de tráfico sexual infantil, y que las políticas oficiales para combatir ese flagelo ignoran que ese problema no es privativo de las y los niños que viven en la calle, ya que se olvida que menores de otros sectores sociales también son víctimas de ese delito.
Finalmente, anunciaron que vigilarán el cumplimiento del PAFI, y reiteraron que continuarán con sus demandas de que se incluya a la población infantil y adolescente en la toma de decisiones gubernamentales para proteger sus derechos.
Al mismo tiempo, demandaron la creación de un consejo federal que articule las políticas dirigidas a la infancia, de un mecanismo que dé seguimiento a la información sobre ese sector poblacional, así como de una procuraduría que defienda los derechos de las y los niños.
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