La permanencia de actitudes discriminatorias y sexistas en la legislación mexicana, la ausencia de políticas públicas para erradicar la explotación de la prostitución y la trata de mujeres y niñas para la industria del sexo, son algunos de los temas denunciados aquí por Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
En el marco de la 36ª sesión del Comité de la Convención para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, (CEDAW), que se realiza del 7 al 25 de agosto, la delegación mexicana dio a conocer el incumplimiento del gobierno mexicano a las recomendaciones de ese organismo internacional.
Las organizaciones han destacado la falta de acceso a la justicia por parte de las mujeres que ven vulnerados sus derechos y llamaron la atención de las expertas integrantes del Comité, en particular sobre los siguientes puntos.
Los criterios utilizados por los jueces, sitúa a las mujeres afectadas por violencia perpetrada por sus cónyuges o parejas en un mayor grado de vulnerabilidad y no se garantizan medidas eficaces para sancionar a los maltratadores.
La falta de armonización de legislación de los códigos penales de los estados para definir y sancionar el término de violencia, lo que provoca disparidad en la sanción del delito.
Ausencia de políticas públicas para erradicar la explotación de la prostitución y la trata de mujeres y niñas para la industria del sexo, en donde el Estado tendría que desalentar la demanda y castigar a los lenones y tratantes, añade un comunicado dado a conocer por las ONG.
Hicieron énfasis especial en el caso de las violaciones a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho y la situación de pobreza extrema en la que viven las mujeres indígenas y rurales, víctimas de violencia y discriminación de género.
Dicha discriminación, normalizada como un modelo socialmente aceptado, conlleva a que en un contexto de militarización, sean las mujeres indígenas las principales víctimas, especialmente en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz.
En particular, se denunciaron las circunstancias en que viven las mujeres en la zona del Bajío quienes no cuentan con posibilidades de sobrevivencia, al verse afectadas por la migración de sus parejas.
Ante el persistente problema de impunidad en los casos de feminicidio en México y la evidente falta de condiciones para su investigación en los estados, las ONG exigieron que la PGR atraiga los casos para investigar y sancionar a los autores de los crímenes y a los 177 funcionarios públicos que incurrieron en falta de responsabilidad penal y administrativa.
Solicitaron la instrumentación de jurisprudencia de los organismos internacionales sobre la reparación integral del daño a las víctimas y la creación de un registro público, único y confiable sobre el feminicidio a nivel nacional.
Igualmente, subrayaron que la violencia sexual ejercida por policías contra las mujeres en diversos operativos se mantiene en la impunidad.
Respecto a los servicios de salud, se pronunciaron por el acceso al aborto legal necesario, que el gobierno garantice este derecho a través de un marco legal a nivel federal así como de políticas públicas tendientes a asegurar la calidad de los servicios.
En el contexto del 25ª aniversario de los compromisos contraídos y reconocidos por el Estado mexicano como parte de su ley suprema, se hizo un atento llamado a la CEDAW para que exhorten al gobierno mexicano a rendir cuentas sobre las acciones para erradicar la discriminación contra la mujer y el cumplimiento de las recomendaciones del Comité emitidas hace más de cuatro años.
Las organizaciones que forman parte de la delegación mexicana son: Católicas por el Derecho a Decidir, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en Latino América y el Caribe y Defensoras Populares, A.C., Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C., Ipas México, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer
06/LR/CV
