Aún y cuando México está obligado a impulsar la presencia en número de mujeres para la toma de decisión a nivel legislativo, local, municipal, y en los sectores público y privado, tras haber firmado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en 1999, en la práctica, esto no se cumple.
Y es que desde 2002, el Comité de la CEDAW recomendó a México la adopción de estrategias para lograr este cometido, sin que hasta la fecha se hayan dado resultados considerables ya que aunque si bien hubo reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), los partidos políticos incumplen el sistema de cuotas.
Desde 1952 (año en que se eligió a la primera diputada) a 2006, las mujeres han ocupado 669 escaños en la Cámara de diputados, lo que equivale al 11.3 por ciento, logrando una representación máxima durante la legislatura pasada cuando la proporción de mujeres alcanzó el 22.6 por ciento.
Para esta legislatura, se prevé que las mujeres ocuparán menos del porcentaje logrado en 2003.
En cuanto a los cargos municipales, en 1946 se aprobó que las mujeres participaran en las contiendas para los cargos de elección popular en igualdad de condiciones que los hombres, aunque la primera regidora fue electa en 1923 y la primera presidenta municipal en 1938.
En 2000, el 3.5 por ciento de los municipios eran gobernados por mujeres, para 2001 se incrementó al 4 por ciento y para 2004 descendió a 3.2 por ciento.
Ello se debe, según un documento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) «Mujeres y Participación Política en México», a la nula capacitación y educación para fomentar el liderazgo de mujeres y que tienen menos oportunidades para organizarse y asociarse debido a que cumplen otras funciones por su género.
A nivel Latinoamérica, únicamente cinco mujeres han llegado a ocupar una presidencia de su país: María Estela Martínez de Perón (1974-1976) en Argentina; Lidia Gueiler, en Bolivia (1979-1980); Violeta Chamorro en Nicaragua (1990-1997); Mireya Moscoso (1999-2004) en Panamá; y en 2006 Michelle Bachelet en Chile.
Por ello, el PNUD considera que los retos que tiene nuestro país son revertir la exclusión de mujeres en la toma de decisiones, diseñar mecanismos que promuevan la cultura cívica que tome en cuenta las realidades de las mujeres y hombres en cuanto a la participación política y le sugiere profundizar las medidas y estrategias para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, así como garantizar los derechos de las mujeres fijados por la legislación nacional.
Finalmente, hace especial énfasis en el incremento y vigilancia de la efectiva aplicación de los presupuestos para mejorar la formación política de las mujeres.
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