A pesar de la actualización en los lineamientos técnicos para prevenir la transmisión vertical (de madre a producto) del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), el personal del sector público de salud discrimina a las mexicanas que padecen ese mal al negarles información y servicios a los que tienen derecho.
Así lo denunció Eugenia López Uribe, coordinadora general de Balance -organización promotora de los derechos sexuales con énfasis en mujeres y jóvenes-, quien añadió que contrario a lo establecido en la normatividad, las y los médicos deciden por las mujeres qué tipo de parto (vaginal o por cesárea) se les va a realizar.
Además, abundó, el personal médico no les explica las opciones más adecuadas para ellas de acuerdo con su estado de salud, y con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana (NOM) 010 para la prevención y control de la infección por VIH de la Secretaría de Salud.
En entrevista con Cimacnoticias, López Uribe dijo que en la mayoría de las instituciones públicas, las y los servidores públicos les niegan a las pacientes seropositivas los productos sustitutos de leche materna, lo que se traduce en «una carga económica importante para las mujeres y sus familias».
Balance cuenta con el estudio -realizado en colaboración con la asesora en VIH Tamil Kendall- «Acceso universal a la salud reproductiva: Desafíos y prioridades para la respuesta a mujeres y VIH», en el cual se detalla la falta de atención adecuada para estas pacientes en el sector salud.
Con base en ese análisis, Eugenia López Uribe abundó que otro derecho incumplido -también estipulado en la NOM 010- es la obligación del personal médico de ofrecer la prueba de detección del VIH a todas las mujeres embarazadas.
El porcentaje de detección del virus en las mujeres embarazadas en México fue de 31.4 por ciento en 2008, incluyendo el total de las instituciones de salud, ya que el nivel de atención varía en cada una de ellas.
Mientras el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ofreció la prueba de detección de VIH a 0.6 por ciento de sus derechohabientes embarazadas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la ofreció a 6.4 por ciento de mujeres en estado de gravidez.
En 2008, la Secretaría de Salud (Ss) ofreció la prueba a 43 por ciento de las embarazadas y los hospitales del Petróleos Mexicanos al 100 por ciento.
Además de incumplir con la oferta de la prueba de detección de VIH en mujeres en estado de gravidez, los servicios de salud también faltan a su obligación de dotar de suficientes medicamentos a las mujeres con el virus.
De acuerdo con el Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, se calcula que en 2009 sólo entre el 3 y 9 por ciento de las mexicanas embarazadas con VIH que necesitaban antirretrovirales para prevenir la transmisión al producto, recibieron los medicamentos.
Como consecuencia, se estima que cerca de 400 niñas y niños adquieren el virus por vía perinatal cada año y una «proporción importante de mujeres pierde la oportunidad de recibir un diagnóstico oportuno», según el estudio de Balance.
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