Incumplen gobiernos de Centroamérica metas de El Cairo

Feministas de Centroamérica coincidieron en que uno de los grandes retrocesos en la región respecto a las metas planteadas en la Conferencia Internacional de Desarrollo y Población (CIPD), realizada en El Cairo en 1994, es la penalización del aborto y el incremento de los embarazos en adolescentes.
 
Reunidas en la capital salvadoreña en el “Foro sobre derechos sexuales y reproductivos en la región México y Centroamérica”, para hacer un balance a dos décadas de la Conferencia de El Cairo, 76 mujeres de ocho países (Nicaragua, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, México, Belice y El Salvador) advirtieron el riesgo de retroceder en derechos ya ganados, ante el avance de grupos conservadores y su influencia en la esfera política.
 
Ixmucané Solórzano, de la organización civil guatemalteca Tierra Nueva, consideró como un desafío colocar como “demanda inmediata” la atención del aborto inseguro y la violencia sexual que ha detonado embarazos en niñas guatemaltecas de nueve años.
 
La activista dijo que pese a que Guatemala logró despenalizar el aborto terapéutico en caso de que la vida de la mujer corra riesgo, la medida no se aplica y alertó que el movimiento Provida se fortalece en aquél país en un contexto político “militarista y conservador”.
 
En su turno, Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador, señaló que en su país hay un déficit institucional y gubernamental con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pues aunque existen programas al respecto el Ministerio de Salud no previene los embarazos tempranos.
 
Puso como ejemplo que en el departamento salvadoreño de Cuzcatlán durante 2012 hubo 544 partos de adolescentes, cifra que aumentó en algunos de los municipios para el primer trimestre de 2013. Del total de partos en este lapso, 43 por ciento correspondió a adolescentes.
 
Un problema serio para las salvadoreñas es que hay una negativa a educar a las adolescentes y jóvenes en salud sexual, y accedan a métodos anticonceptivos, lo que ha provocado, afirmó, un alto número de embarazos prematuros.
 
En materia de aborto, Herrera consideró que entre los graves retrocesos está su penalización, y la falta de servicios públicos para atender los abortos espontáneos o incluso prematuros.
 
Criticó la “persecución” contra las mujeres que sufren esos tipos de aborto, y agregó que “lo común” es que ellas sean denunciadas en los hospitales y acusadas de “homicidio agravado”.
 
RETROCESO REGIONAL
 
Para Nicaragua la realidad no dista mucho de los otros países de la región, luego de que en 2006 se derogó la legislación que permitía el aborto terapéutico.
 
Ana María Pizarro, directora fundadora de la organización SíMujer, señaló que también existe una mala clasificación de la muerte materna, ya que el Ministerio de Salud ordenó no incluir en la clasificación las muertes indirectas (enfermedades que se complican durante el embarazo), así como tampoco las que son por violencia, contraviniendo así la clasificación internacional.
 
Respecto al VIH/Sida, la enfermedad se ha concentrado rápidamente entre personas de 15 a 19 años, por lo que 66 por ciento de este grupo tiene VIH.
 
Pizarro dijo que no hay prevención para adolescentes, ni para mujeres, ya que la estrategia nacional se ha concentrado en la población transexual y en los hombres que tienen sexo con hombres, pese a que las estadísticas alertan que son las amas de casa quienes adquieren el virus más rápidamente.
 
La también integrante del Consejo Consultivo de la Red para la Salud Sexual de las Mujeres denunció la falta de interlocución entre las organizaciones civiles y el gobierno, toda vez que desde hace siete años no se han creado espacios para dialogar.
 
La activista señaló que en Nicaragua se ha perdido el respeto a la Constitución, a la información pública, a la libertad de reunión, de expresión, por lo que lamentó que difícilmente se podrá cumplir con el Programa de Acción de El Cairo en tanto no se abran espacios de diálogo y representación.
 
El foro concluye mañana y las activistas confiaron en renovar el apoyo político para el Programa de Acción de El Cairo después de 2014, e incorporar la agenda de desarrollo y población.
 
La Plataforma de Acción de la CIPD reconoció por vez primera los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, adolescentes y jóvenes más allá de cuestiones demográficas.
 
Estableció que son las mujeres quienes deben controlar su fecundidad, por lo que hay que garantizar servicios de planificación familiar y de salud reproductiva de calidad; fomentar la educación de niñas principalmente; promover la igualdad entre los sexos, y la reducción de la mortalidad neonatal, infantil y materna, así como el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y de planificación familiar.
 
En El Cairo también se acordó evitar los embarazos no deseados, el aborto en malas condiciones y las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH/Sida, a través de la promoción de conductas reproductivas responsables e informadas para cada grupo de edad.
 
Por primera vez se mencionó el derecho de las mujeres a acceder a interrupciones legales del embarazo en países donde estuvieran permitidas, en condiciones salubres y seguras.
 
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