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Incumplen medidas contra feminicidio y aumenta la violencia

Por Anaiz Zamora Márquez
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La prueba más fehaciente de que el gobierno del estado de Morelos –encabezado por Graco Ramírez Garrido– no cumplió con las 15 recomendaciones para detener la violencia feminicida es el aumento de los asesinatos de mujeres en la entidad, dijeron hoy grupos civiles y activistas nacionales y locales.

De julio de 2013 a febrero de 2015, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) documentó 103 casos de feminicidio que se suman a los 530 documentados del año 2000 a junio de 2013, y que llevaron a la organización morelense a solicitar la activación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en 2014.
 
Cabe recordar que a raíz de que la CIDHM presentó la solicitud de AVG, se conformó un Grupo de Trabajo –integrado por académicas y representantes de gobierno– que investigó la violencia de género en Morelos, y finalmente emitió 15 recomendaciones a la administración estatal.
 
El pasado 18 de marzo se cumplió el plazo de seis meses para el cumplimiento de las recomendaciones, “sin que hasta el momento se haya mostrado en la práctica avance alguno”, denunció la organización.

Ante el incumplimiento de las medidas y el aumento de casos de violencia contra las mujeres, la CIDHM y la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDTT) exigieron al gobierno federal la activación de la AVG, mecanismo de urgencia estipulado en la ley para detener el feminicidio.

La exigencia está respaldada por el “Informe Sombra de AVG”, elaborado por la organización y divulgado hoy en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH), en esta capital. 

En ese informe, la CIDHM expone las características de los 633 casos de feminicidio cometidos en 15 años (2000-2015), y señala que la mayoría de las mujeres asesinadas eran amas de casa y jóvenes.
 
También se da una evaluación sobre cada una de las 15 recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo. Por ejemplo, para la primera recomendación que pedía al gobierno investigar todos los homicidios de mujeres, la CIDHM informó que en ninguno de los casos de feminicidio reconocidos por el gobierno se ha otorgado una restitución integral del daño, y tampoco ha explicado por qué sólo ha judicializado 53 de 280 casos reconocidos.
 
De acuerdo con la organización, no se logró la estandarización del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, y no se aplicó el protocolo de feminicidio en los casos documentados.
 
Para la CIDHM uno de los incumplimientos más evidentes es sobre la sensibilización a los medios de comunicación en violencia de género, ya que siguen en circulación periódicos que exhiben de manera “sensacionalista y grotesca” los casos de feminicidio, deshumanizan a las mujeres y violentan a las familias y a toda la sociedad, y que incluso se nutren de información oficial.
 
“La política seguida por el gobierno (de Morelos) es destinar presupuesto para imagen pública donde se habla de una perspectiva de género, pero no se está haciendo un trabajo con programas encaminado a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres”, sostiene el “Informe Sombra”.

Al acompañar la presentación del informe, Fernando Ríos, director de la Red TDTT, señaló que si bien la exigencia actual es para que se active la AVG en Morelos, la demanda “bien pudiera servir para todos los estados”, ya que la falta de acceso a la justicia, la verdad y la reparación del daño en estos casos, son una realidad para todas las entidades.
 
“Esta es la oportunidad del gobierno federal, para reconocer el problema de violencia contra las mujeres que se enfrenta a nivel nacional y de reconocer su responsabilidad ante los hechos”, dijo el defensor al explicar que en el feminicidio hay dos responsables, el perpetrador directo y el Estado, pues son “funcionarios los que hacen posible la impunidad”.
 
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