Los pueblos indígenas del departamento de Sololá le presentaron sus quejas al relator especial de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, y confían que hará las recomendaciones correspondientes al Estado guatemalteco.
La presidenta de la mesa departamental de concertación, Leonicia Pocop, señaló que en ese departamento la discriminación hacia los pueblos indígenas es evidente en diversos ámbitos, en especial en el que se refiere a la participación en la toma de decisiones.
Esto, agregó, está en manos de unos cuantos y del partido oficial, por lo que las oportunidades para ocupar puestos clave en la administración pública siempre son para las mismas personas.
Pocop explicó que al ser la mujer indígena el sector más excluido, las oportunidades son limitadas en todos los aspectos: culturales, de acceso a la justicia, a la salud y a la educación; para ejemplificar lo anterior mencionó que el 95 por ciento de la mujeres indígenas del departamento son analfabetas.
En lo que se refiere a la situación agraria y desarrollo rural –prosiguió la presidenta de la mesa de concertación– el escenario es el mismo ya que la mayoría de la población no tiene acceso a la tierra ni a programas de crédito; además de que carece de los servicios básicos.
La situación en el aspecto cultural no es muy diferente: prevalece la discriminación por el uso del traje y el empleo de los idiomas mayas en los centros educativos; los apellidos y nombres mayas también sufren las misma suerte de exclusión. Por lo mismo Pocop lamentó que la sociedad siga siendo racista y excluyente.
Por su parte Domingo Yaxón, miembro del consejo de Guías Espirituales Mayas, indicó que en la práctica espiritual son graves y constantes las violaciones que existen; como el caso del decomiso de materiales para esta práctica por parte de la Policía Nacional Civil (PNC), en Santa Lucía Utatlán.
El hecho al que se refiere ocurrió el año pasado y hasta la fecha no ha sido aclarado, a pesar de las gestiones que se han hecho ante el juzgado de paz; a ello se suma la negativa oficial para que tengan acceso a los lugares sagrados del departamento cuando van a hacer las ceremonias mayas, o la intención de la iglesia católica del barrio San Antonio para demoler el lugar sagrado llamado Ka’ik’an.
Por su parte una comadrona de la localidad señaló que la salud de la mujer es precaria, principalmente en lo que se refiere a la salud materno-infantil. Relató que en lo que va del año se han registrado 22 casos de muertes maternas, lo que es un grave problema ya que las autoridades de salud no se han preocupado y urge la ampliación del presupuesto en el área de salud para el 2003.
Todo lo anterior es parte de la razón por la que los pueblos indígenas le solicitaron al relator que incluyera en las recomendaciones que le hará al gobierno, la necesidad de emitir políticas para erradicar la discriminación racial, además de que el Congreso de la república apruebe lo antes posible la Ley de tipificación de la discriminación como delito.
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