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Indígenas veracruzanas, excluidas de acciones de AVG

Por Montserrat Antúnez Estrada
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 La defensora de Derechos Humanos y representante de la Agrupación de Derechos Humanos Xochitépetl (AX), una de las 10 organizaciones que solicitaron la AVG para Veracruz, Rosenda Maldonado Rodríguez, criticó que tanto la Secretaría de Gobernación (Segob) como el gobierno estatal tengan una enfoque de ciudad y dejen del lado las problemáticas de las indígenas, quienes se enfrentan a instancias sin personal y sin traductores para recibir sus denuncias.

En entrevista con Cimacnoticias al término de su participación en el Foro Construcción de capacidades para la incidencia a favor de los derechos de las mujeres en México, realizado la semana pasada en la capital, Maldonado Rodríguez lamentó que las medidas que Segob implementa a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) ignoren los contextos de las mujeres indígenas, quienes en su mayoría no hablan español.

La entidad  tiene 47 municipios indígenas principalmente de los pueblos nahua, totonaco, huasteco y popoluca y se estima que 66 por ciento de las personas que no hablan español son mujeres, de acuerdo con datos de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Las acciones del gobierno estatal para que las mujeres accedan a la justicia, señaló la también abogada, están pensadas exclusivamente para las ciudades, no para las comunidades indígenas ya que sólo incitan a las víctimas a denunciar sin contemplar factores como las más de cuatro horas de trayecto que las habitantes de municipios como Huayacocotla, Texcatepec o Ilamatlán deben recorrer para acudir a una de las sedes de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra las Mujeres y Niñas.

Además, denunció la defensora, las mujeres que logran sobreponerse a la falta de recursos económicos y de tiempo para acudir a las Fiscalías Especializadas, al llegar se encuentran con instancias de justicias desarticuladas. “Si bien les va encontrarán a una persona fiscal, pero la investigación no puede proceder porque no hay médicas o deben esperar a que la psicóloga perita se traslade más de tres horas desde la comunidad en la que se encuentra para hablar con la víctima”, mencionó.

A ello se suma la falta de personas traductoras: “Las fiscales deben esperar a que en la calle pase alguien que hable la lengua indígena de las víctimas para tomar su declaración” y, cuando en las fiscalías sí hay intérpretes estos suelen ser hombres, lo que complica la denuncia de las mujeres que acaban de ser agredidas por alguien de ese sexo, mencionó Rosenda Maldonado, quien desde la organización AX ha recorrido distintas fiscalías del estado para identificar las condiciones en las que operan.

“Las fiscalías deben estar integradas y debería contemplarse que sean itinerantes y recorran las comunidades indígenas pues difícilmente saldrán a denunciar las mujeres que viven violencia intrafamiliar y están condicionadas económicamente por sus parejas porque ellas no tienen trabajo”, consideró.

Rosenda Maldonaldo, quien asistió a las reuniones que las organizaciones solicitantes de la AVG y la Conavim efectuaron antes de la emisión de la Alerta, dijo que la Segob ignoró a las mujeres indígenas pues en su declaratoria de AVG sólo instó al gobierno veracruzano a «realizar acciones específicas en los municipios con población predominantemente indígena”, esto “sin realizar diagnósticos específicos sobre la incidencia delictiva contra estas mujeres”, recordó.

Mencionó que las acciones sesgadas que contempla la AVG en Veracruz son un ejemplo de lo que viven las indígenas en otros estados del país con AVG pues sentenció “si desde que comienza a planearse la implementación de este mecanismo no se busca la voz de estas mujeres nunca las contemplarán y las agresiones en su contra seguirán quedando impunes”.

Las cifras de 2000 a 2012 de la Fiscalía Coordinadora Especializada en Asuntos Indígenas y Derechos Humanos, citados por el Grupo de Trabajo de la Conavim encargado de analizar la solicitud de AVG, muestran que 48 mujeres indígenas fueron víctimas de homicidios dolosos y hubo seis casos de feminicidio. Para ambos delitos las víctimas fueron principalmente de las etnias otomí, náhuatl y totonaca.

Cabe recordar que la Conavim señaló en 2016 que las mujeres indígenas y de escasos recursos son las principales víctimas de la violencia de género en Veracruz que sigue sin ser visibilizada por lo que las cifras oficiales no terminan de reflejar las agresiones contra ellas.

17/MMAE/LGL

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