El gobierno peruano indemnizará a la familia de la campesina María Mamérita Mestanza, quien falleció el 5 de octubre de 1998 por consecuencia directa de la esterilización a la que fue sometida sin su consentimiento.
La Línea Fundacional del Movimiento Amplio de Mujeres de Perú anunció hoy en comunicado que lo anterior es «una batalla legal ganada» y agregó que «las consecuencias en daños físicos, mentales y familiares a las mujeres esterilizadas contra su voluntad aún no han sido evaluadas a cabalidad en Perú».
El gobierno peruano reconoció el pasado 14 de octubre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que los derechos de Mamérita Mestanza fueron violados por lo que se comprometió, mediante solución amistosa, a indemnizar a sus siete hijos y a su viudo, Jacinto Salazar Suárez.
María Mamérita Mestanza murió a los 33 años por una infección sin tratamiento ocasionada por la ligadura de trompas que le fue practicada el 27 de marzo de 1998 en el Hospital Regional de Cajamarca, de acuerdo con el expediente 66/00 de la CIDH, dependencia de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El informe de la CIDH, instancia que tomó el caso el 3 de octubre de 2000, asienta que la señora Mestanza y su compañero fueron objeto de acoso desde 1996 por parte del Centro de Salud del Distrito de La Encañada, que forma parte del sistema público de salud, para que se esterilizara.
Entre las varias formas de hostigamiento hacia ellos se documentaron visitas donde el personal de salud les amenazó con denunciarlos a la policía argumentando «una ley conforme a la cual la persona que tuviera más de cinco hijos debería pagar una multa y sería llevada a la cárcel».
Los días siguientes a la operación quirúrgica, el personal del nosocomio negó la atención a Mamérita, por lo que no detectaron la sepsis que resultó de la intervención. Tras su deceso, un médico del Centro de Salud ofreció dinero a Jacinto Salazar con el fin de dar por terminado el problema, consignó la CIDH.
Las organizaciones Estudio para la Defensa de la Mujer (Demus), Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer (Cladem) y la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), fueron copeticionarias con el Centro Legal para Derechos Reproductivos y Políticas Públicas y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) para promover este caso ante la CIDH.
Hasta el momento las cifras oficiales incluyen 200 mil casos de esterilizaciones forzadas en Perú.
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