Del millón de niñas y niños que trabajan como jornaleros agrícolas en el país, solo 6 mil 500 serán atendidos por el programa «Alto al trabajo infantil en la agricultura», operado por el gobierno federal, lo cual además de insuficiente, expone la indiferencia del Estado mexicano, para terminar con esta situación irregular.
Durante el cuarto foro regional «La Violencia contra las Niñas y los Niños..¡Un Problema Nacional!, realizado en esta ciudad, Marisela Medina Tapia, integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), añadió que los programas educativos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), sólo atienden al 5 por ciento de las y los niños jornaleros en el país.
A su vez, Victoria Adato Green, coordinadora de los Derechos de la Niñez y de la Infancia de la CNDH, cuestionó la labor de supervisión que hace la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y señaló que es su función hacer valer los derechos de las niñas y niños mexicanos que se someten a jornadas extenuantes en el campo, y no tienen acceso a la educación, ni a los servicios de salud.
Pese a que México suscribió y ratificó el convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo, en relación a las peores formas de trabajo infantil, no se ha dado cumplimiento cabal a lo estipulado en este documento.
El gobierno mexicano, es el único en América Latina que no ha ratificado el convenio 138 de la OIT donde se establece que la edad mínima permitida para empezar a trabajar es a los 15 años y que actualmente, las autoridades laborales otorgan la autorización a partir de los 14 años.
La STPS sólo tiene 341 inspectores para supervisar 30 mil centros de trabajo en materia federal, mientras que las sanciones estipuladas por violaciones a la legislación laboral son mínimas, sin menoscabar que violan las garantías de los menores, porque al patrón se le avisa cuando lo van a ir a inspeccionar, lo que permite a los padres y empresarios invisibilizar a los menores de edad .
Las cifras del 2007 de las supervisiones realizadas por la dependencia dan a conocer que se encontraron 12 menores trabajadores, mientras que los permisos otorgados a los niños son muy inferiores si se compara con los 3.6 millones de niños y niñas que laboran en México.
Hay una relación estrecha entre los hogares donde los padres tienen un menor nivel de escolaridad, y los niños que deben ir a trabajar.
Las entidades donde hay más menores trabajadores son Guerrero, Michoacán y Zacatecas, Distrito Federal y Sonora, «en los estados del sur y centro del país, los menores tienen una mayor participación en el trabajo económico y doméstico».
Según datos de la UNICEF, en México son 3.6 millones de menores que trabajan, 4 por ciento recibe menos de un salario mínimo como pago, 51 por ciento un pago no mayor a dos salarios mínimos, el 45 por ciento de ellos no recibe ninguna prestación y el 35 por ciento de niñas y niños trabajadores aportan toda o una parte de su salario al hogar.
El 42 por ciento de las y los niños trabajadores no asiste a la escuela, lo que equivale a un millón 500 mil menores de edad.
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