Medio millón es una cifra menor si se piensa en la población mundial, en las necesidades infinitas de la gente más desfavorecida, o si se manejan datos de las ventajas que obtienen comerciantes de todo tipo –incluidos los que trafican con personas–, como resultado de políticas y prácticas explotadoras de grupos humanos y de países.
Pero mencionar que 436 mil niñas, niños y adolescentes dominicanos de entre cinco y 17 años son trabajadores en una nación de ocho millones y medio de habitantes, puede convertirse en un dato inspirador de asombros y de rechazo.
A menos que se conozcan los esfuerzos reguladores, las normativas, los estudios y el camino ya recorrido por instituciones y entidades de investigación y acción social, para identificar el problema, procurarle alivio y, cuando ha sido posible, intervenir para revertir una realidad indeseable, aunque casi seguramente imposible de eliminar.
Son agricultores, cosecheros de café y frutos menores, cortadores de caña de azúcar, limpiabotas; vendedores de agua envasada, durofríos o nieves de sabores (jugos de frutas congelados), frutas, flores y diarios; limpiadores de parabrisas, ayudantes de zapateros o de mecánicos, domésticas y aguateros. Aunque están entre los oficios peligrosos y prohibidos, algunos varones son mineros y leñadores.
Existen, sin embargo, dos grupos de menores de edad trabajadores y trabajadoras cuya presencia ha estado oculta o ignorada por mucho tiempo: las y los trabajadores domésticos en hogares de terceros; y las niñas y niños nacidos en Haití o hijos de personas de esa nacionalidad, una parte de los cuales son inmigrantes indocumentados.
La niñez de este último grupo es pedigüeña (pide limosna), se alquila a otros o por cuenta de sus propias familias, deambula y/o reside en las calles en muy alta proporción, y no pocos son violentados de muchas maneras, sin que pueda excluirse de ese panorama la explotación sexual.
EL TRABAJO DOMÉSTICO NO ES UN JUEGO
Para muchas personas, traer niños del campo o acoger a los de su propia familia para que realicen los quehaceres hogareños significa «ayudarles», reveló un estudio regional en el cual se involucraron el Centro de Investigaciones para la Acción Femenina (CIPAF) y el Programa de Erradicación del Trabajo Infantil (IPET). Ya hay algunos resultados estimulantes de reversión.
Realizada en 2002, esta no es una investigación destinada a las gavetas y el olvido, sino que las entidades y estudiosas comprometidas han continuado la labor sobre esta realidad, cuya fenomenología más llamativa es que ni las personas que acogen menores de edad para el trabajo doméstico, ni las madres y padres que les entregan para que trabajen en hogares de terceros, ni la propia infancia que cumple tal función, se consideran explotadores ni explotados.
El común de los juicios conduce a creer que familias que sacan a niñas y niños de su pobreza, los llevan a sus casas, los alimentan y, eventualmente, los mandan a la escuela y les ofrecen alguna ropa, están realizando un trabajo caritativo, expresivo de gran generosidad.
La verdad no es esa, sin embargo: entrevistas realizadas por Carmen Julia Gómez, Alina Ramírez y la directora ejecutiva de CIPAF, Magali Pineda, así como por Dabeira Agramonte, oficial del Programa IPET de OIT y la Secretaría de Trabajo Dominicano, evidenciaron que niñas y niños suelen sentirse tristes, se lamentan de dolores por el exceso de trabajo; por no ir, ir poco o en horario nocturno a la escuela, y no tener tiempo para los deberes escolares.
Sufren también por no poder jugar, por vestir ropas usadas y carecer de posibilidades de cultivar la amistad con sus grupos de edades.
Para Magaly Pineda, entrevistada por SEMlac, «aunque el país ratificó la Convención para la Erradicación del Trabajo Infantil, esa Convención no se ocupa del trabajo infantil doméstico».
«Cuando se hizo esa investigación, fue la primera vez que en América Latina se estudiaba esto. Porque lo más grave es que no lo consideran un trabajo, sino un acto de caridad. Y ahí se detectaron casos de niños que estaban en situaciones muy negativas. Se rescataron varios y varias familias también. Pero se encuentra resistencia porque se entiende como una oportunidad para el menor de edad. Y muchos se niegan a echar una mirada a fondo al asunto».
Dabeira Agramonte es la representante por la Secretaría del Trabajo y la OIT de los esfuerzos que se han venido realizando.
«Lo más satisfactorio es que se llamó a la reflexión y se hizo ver que lo que se consideraba una ayuda era algo que les pone en condiciones de explotación. El objetivo que tenemos por delante ahora es la sistematización de una experiencia piloto de atención directa a un grupo de trabajo infantil que aporte elementos para la definición de una estrategia nacional de intervención y fortalezca la capacidad de respuesta institucional pública y privada», dice.
La analista, que es abogada, explica que en lo legal, durante todo este proceso, se estuvo discutiendo la modificación al Código de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y se incluyeron 10 artículos (ley 136-03). Uno define que tienen las mismas garantías y derechos de quienes trabajan en cualquier otra actividad.
Con ser muy importantes, los juicios expresados a esta agencia estarían incompletos sin el punto de vista de la investigadora principal, Carmen Julia Gómez: «De tantos problemas sociales sobre los cuales he investigado en cerca de 30 años, el trabajo infantil es el que más me ha impactado; y haber hecho algún aporte para crear conciencia sobre sus causas y consecuencias es la mayor satisfacción.
«Lo iniciamos cuando comenzaba el famoso nuevo milenio, pero en esta tierra de mis amores, pesares y sueños, la República Dominicana, encontré que la gente, los ricos, la clase media, los pobres, seguían creyendo que era bueno, que era correcto, que niños y niñas de corta edad pasaran largas horas de cada día trabajando en oficios domésticos, vendiendo en la calle o sembrando en el campo.
«Y no sólo eso, hasta los propios niños y niñas sometidos a esas condiciones creían que eso era normal. No olvido a un niño limpiabotas de Santiago, con ocho años de edad, cuando me dijo sin rabia: ‘yo no me siento mal haciendo esto, es lo que me toca’».
DESDE LA OTRA ESQUINA DEL SOL
Las niñas, niños y adolescentes que vienen de Haití o de madres y padres haitianos constituyen la expresión más lamentable de la infancia trabajadora en suelo dominicano. Si viven en el país, salvo muy raras excepciones, lo hacen en tugurios o en bateyes.
Pero hay una «categoría» perversa, que son las y los niños traficados y alquilados para hacer de pedigüeños, lo que ofrece a sus explotadores ganancias conservadoramente estimables entre 15 y 20 dólares diarios por niña o niño. A veces se trata de bebés que se entregan a mujeres que los usan para conmover. De eso, sus madres –si lo son– apenas recogen de tres a cinco por ciento, y la propia infancia, sólo la comida.
Una parte de ellos consigue escapar y se queda a vivir en la calle, según fuentes directas de niñas y niños cuyo anonimato debe ser resguardado. Pero no es extraño encontrar, tarde en la noche, a niñas con sus ropas sucias y deterioradas, limpiando parabrisas.
La problemática de la población haitiana que viene a República Dominicana se pasea por foros internacionales y es motivo de enconados debates entre quienes les defienden, y el nacionalismo que les ataca.
Entre los primeros figura muy destacadamente el sacerdote jesuita Regino Martínez, director del centro para refugiados en Dajabón, la provincia fronteriza con Haití. Altísimo y delgado, este cura rebelde se ha visto envuelto en muchísimos episodios de lucha, con el común denominador de la defensa de los derechos humanos de esta población.
Preguntado por SEMlac sobre qué haría, si pudiera, para aliviar la situación de niñas, niños y adolescentes como grupo más vulnerable, Martínez declaró su especial preocupación por los que se hallan en la frontera. Algunos tienen madres y padres, van a la escuela y reciben atención, pero otros muchos «tienen la calle como hábitat mañana, tarde y noche…».
Los hay que hacen algún tipo de trabajo, pero también quienes pertenecen a bandas. Especialmente en la frontera no tenemos instituciones que se ocupen de impulsar ningún tipo de proceso ni de acción para recuperarles, se lamenta.
«Si yo pudiera, crearía un centro binacional de acogida y acompañamiento a niñas y niños de la frontera norte. Incluiría lo escolar, la formación humana, técnica, recreación e interculturalidad. Es decir, ir relacionándoles con valores que trasciendan el racismo, la xenofobia y todo tipo de prejuicios», añade.
Otra pregunta sobre esta situación, por lo general socialmente ignorada, la hizo SEMlac al movimiento de Mujeres Dominico Haitianas (MUHDA), que tiene un trabajo valioso, sobre todo en bateyes: ¿cómo frenar el comercio de niñas y niños haitianos que los convierte en pordioseros o en cualquier otra cosa? La respuesta la aportaron Jenny Morón y Cristina Luis:
Sabemos que estas redes de traficantes de niñas y niños desde Haití no trabajan solas, puesto que habiendo tanto control en la frontera, e incluso un llamado cuerpo de seguridad fronteriza, no sería tan fácil cruzar sin la ayuda de otras personas, y esto queda demostrado cuando las y los niños son recogidos y llevados a Haití y, al mes, ya están de vuelta.
En MUHDA creemos que hay que crear un verdadero sistema fronterizo que pueda detectar situaciones como esa; supervisar las conductas de la policía fronteriza al respecto; y hacer un acuerdo entre los dos países, que se cumpla realmente para que se identifique y capture a los que van a negociar con las niñas y niños.
Es importante que se llegue hasta las últimas consecuencias cuando se detecten casos. Pero nos parece que es imprescindible modificar la Ley de trata y tráfico, porque deja un hueco para que puedan escapar estos traficantes.
08/MRC/GG
