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Indultan en San Luis Potosí a indígena Tenek

Por Miriam Ruiz

Una mujer indígena Tenek fue indultada en el estado mexicano de San Luis Potosí en el primer caso de indulto en la historia de la entidad, tras cinco años de un proceso plagado de irregularidades tras el que fue condenada sin pruebas por el supuesto homicidio de su hijo de ocho meses.

Verónica Hernández Hernández, indígena Tenek del municipio huasteco de Tampamolón espera la rúbrica del gobernador, Marcelo de los Santos, en el decreto que se publicará en el Diario Oficial y así salir del Centro de Readaptación Social de San Luis Potosí, capital del central estado con el mismo nombre.

De acuerdo a su defensora, la abogada Rosario Anaya del Patronato de Apoyo a las Instituciones de Prevención y Readaptación Social de la pastoral penitenciaria, el próximo fin de semana Verónica Hernández, de 22 años de edad, podría regresar a su comunidad tras cinco años y cinco meses de encierro injusto que aprovechó para aprender castellano, terminar la primaria y aprender a hacer los famosos rebozos de la región.

La decisión tomada el jueves pasado por el Congreso estatal por 24 votos a favor y dos abstenciones fue bien recibida por la sociedad potosina, que la consideró un golpe muy fuerte contra el poder judicial del estado donde ministerios, jueces y magistrados, la defensoría de oficio y la Defensa del Menor dejaron pasar las injusticias contra Verónica.

Verónica Hernández llegó a la capital potosina para trabajar en el servicio doméstico a los 16 años de edad. Hablante de Tenek, no dominaba el español.

EL CIRCULO PERVERSO DE LA POBREZA

Perdió ese primer trabajo cuando se embarazó y su empleadora la rechazó. Como madre soltera halló trabajo con el vendedor de billetes de la Lotería Nacional, Gabriel Sánchez Márquez y su esposa Inocencia para cuidar a sus hijas de 11, siete y cuatro años.

Medio año después, el primero de mayo de 1998 Verónica regresó de un mandado y Gabriel Sánchez le entregó a su hijo ya desmayado diciendo que había llorado mucho.

Gabriel Sánchez cuenta con dos denuncias por violencia familiar y presunto alcoholismo y drogadicción, al igual que otros familiares cercanos.

El diagnóstico del Hospital Central, a donde llevó al bebé de ocho meses, indicó cuatro fracturas de cráneo y otras tantas en piernas y brazos. “Estaba destrozado” refiere la abogada Anaya, integrante del grupo.

Murió en el mismo nosocomio el 10 de mayo siguiente. A las cero horas del 11 de mayo acudieron dos agentes ministeriales acompañados de dos vecinas de Gabriel Sánchez, una de ellas vinculada sentimentalmente al vendedor de billetes para llevarla a declarar fuera del hospital.

El expediente de Verónica Hernández refiere que estos agentes la golpearon y presionaron para que confesara haber lanzado un vaso al bebé y luego haberlo jalado de las piernas.

El Ministerio Público, la Corte Penal de San Luis Potosí, jueces y ministros colegiados, dieron por buena la versión los siguientes cinco años, sin hacer caso del testimonio de una trabajadora social del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en el que ella resaltaba la buena imagen que daba a sus vecinos la indígena Tenek y los conflictos de la familia Sánchez.

Como es común en el territorio mexicano, los defensores de oficio –alegando falta de recursos económicos—dejaron correr el tiempo sin presentar datos o solicitudes en favor de la joven quien fue sentenciada a 15 años sin derecho a fianza o preliberación. Nadie apeló tampoco la sentencia.

INDEFENSAS LAS MUJERES INDÍGENAS

Pero cuando Rosario Anaya pudo encargarse del caso no quedaba mucho por hacerse puesto que la justicia había omitido hacer valer los recursos de defensa a los que Hernández tenía derecho.

Esta situación, lamenta Rosario Anaya es “pan de todos los días.” Ella misma ha defendido en distintos puntos del proceso a dos indígenas más en San Luis Potosí, una de ellas también acusada por homicidio.

En México hay alrededor de ocho mil mujeres en prisión en 447 centros penitenciarios. Todos los especialistas sobre el tema coinciden en que las mujeres indígenas son el eslabón más débil en la cadena de la justicia.

MR/2003/MEL

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