El reclamo de justicia de Inés Fernández Ortega ?indígena violada por militares en 2002? hizo eco en todas las comunidades de este estado que, a través de ella, demandaron el fin de la militarización, alto a la represión social y la instauración de servicios básicos.
Ayer, durante el acto público de contrición del Estado mexicano por la negación de justicia a Inés ?ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), la cual condenó a las autoridades por ese hecho?, la indígena aprovechó para recordar que en las escuelas de la región de La Montaña no hay maestros, no hay luz, las calles no están pavimentadas y las casas no tienen piso firme.
Con aplausos y gritos, las y los presentes apoyaron a la mujer que exigió castigo para los soldados que la violaron hace 10 años, y que además reclamó al Estado mexicano que los pueblos indígenas siguen en el olvido, son discriminados y se les niega la justicia.
«Cometieron ese crimen en contra mía porque somos pobres y no solamente a mí sino también a otras personas», reclamó Inés, quien fue violada por tres soldados que entraron a su casa en la comunidad de Barranca Tecuani, cuando ella tenía apenas 27 años de edad y estaba acompañada de sus cuatro hijos.
Tras la agresión la indígena fue a denunciar, pero el Ministerio Público no la atendió y el médico legista se negó a revisar su estado de salud. Ayer, en el evento oficial en este municipio guerrerense, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, y el gobernador Ángel Aguirre, tuvieron que escuchar a Inés.
Tampoco les quedó de otra a la procuradora General de la República, Marisela Morales, y el director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Rafael Cazares Ayala ?quien no pronunció discurso alguno para pedir perdón?. Ambos no pudieron ocultar su incomodidad ante los reproches de la indígena.
Con ayuda de un traductor, Inés ?quien peleó y le ganó una batalla legal al Estado mexicano ante la CoIDH? afirmó: «Primeramente las autoridades no permitían que nos organizáramos, pero poco a poco nos estamos organizando».
MUJERES, BOTÍN DE GUERRA
Obtilia Eugenio Manuel, presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco (OPIM), quien ha sido hostigada y amenazada de muerte por acompañar las exigencias de Inés, también tomó la palabra para arremeter contra las autoridades.
«En 1998 los soldados mataron a 11 indígenas mixtecos en la comunidad de El Charco, en este municipio, y los responsables no han sido castigados. También de manera forzada esterilizaron a decenas de indígenas en este municipio», acusó.
Con coraje agregó: «Por eso cuando los militares violaron a Inés Fernández Ortega lo hicieron porque ven a la mujer como un botín de guerra, también porque con este acto nos dicen que pueden hacer lo que quieran y no pasa nada».
Obtilia recogió los reclamos de los pueblos tlapanecos, mixtecos, nahuas y amuzgos de Guerrero y criticó la militarización y la violación de mujeres en Chiapas, Veracruz, Coahuila, y en otras partes del país que ?dijo? no conocemos.
«Los retenes, los cateos, los interrogatorios, el robo de nuestra cosecha, son abusos que se siguen cometiendo. Cuando se denunció la violación de Inés todo el aparato de gobierno se nos echó encima, empezaron las amenazas anónimas?», denunció.
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Sin empacho alguno, Inés y Obtilia le hicieron ver a los altos funcionarios presentes el rezago, el atraso, la miseria de Ayutla de los Libres, cuya cabecera municipal se ubica a tres horas de Chilpancingo, capital del estado, o a seis horas de las comunidades más alejadas, como Barranca Tecuani, localidad que por lo accidentado de su topografía está incomunicada y a la cual sólo se puede acceder a través de brechas.
Hasta allá no llegaron los funcionarios de alto nivel, como tampoco suelen llegar los programas sociales.
Obtilia afirmó que en el estado «hay mucho dinero para obras, pero en los pueblos no hay ninguna», y es que en las comunidades de la montaña sólo hay casas de adobe con piso de tierra, y en ellas habitan familias enteras que sólo viven de sus cultivos.
«Lo que estoy diciendo me puede costar la vida ?temió la indígena?, pero hace todavía siete años Ayutla era un pueblo muy tranquilo. En 2008 con Zeferino Torreblanca como gobernador, él fue el principal represor de nuestra organización y de todo el movimiento social del estado».
«NO HAY PERDÓN»
Al romper la solemnidad del acto oficial, Inés y Obtilia emocionaron a un público indígena que también quería gritar los agravios de los que son víctimas: Mujeres, hombres, ancianos, estudiantes normalistas, todos querían hablar.
Finalmente, las y los indígenas se arremolinaron ante ellas para felicitarlas, para agradecerles; pero muchos otros se acercaron a los funcionarios para reclamarles, pedirles compromiso, mostrarles su necesidad de atención de un Estado que los ignora, y que seguramente no se volverá a presentar aquí en muchos años.
Inés y Obtilia señalaron que este evento no significaba el perdón a las autoridades, y recalcaron que continuarán con sus exigencias; una de ellas: el cese de la militarización que aún continúa y que ayer se percibió con rondines de soldados a unas cuantas calles de donde se realizó la ceremonia.
«No vayamos lejos, los soldados están cerca y no se nos permite andar libremente y ellos andan de civiles, no necesariamente uniformados», dijo Inés, quizás en alusión al general brigadier Rafael Cazares, quien vestía sin uniforme militar.
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