El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH), Amerigó Incalcaterra, sostuvo un encuentro con más de 200 campesinas y campesinos que se oponen al proyecto hidroeléctrico La Parota.
Durante una visita de carácter oficial que realizó a las comunidades de Garrapatas y Tasajeras, Incalcaterra tuvo la oportunidad de escuchar el testimonio de las y los vecinos que relataron cómo la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el gobierno del estado y el gobierno federal han pretendido imponer el megaproyecto hidroeléctrico incurriendo en diversas violaciones a los derechos humanos de las y los campesinos.
Además, de concretarse el proyecto, se estaría atentando seriamente contra el medio ambiente y los recursos naturales de la zona y afectaría a más de 70 mil campesinos que habitan las 17 mil hectáreas donde se pretende construir la presa.
En este sentido los ejidatarios relataron cómo el gobierno federal y el gobierno estatal han violentado su derecho a la libre consulta, al llevar a cabo en los núcleos agrarios asambleas fuera del marco jurídico que la Ley Agraria vigente en México dispone, por lo que han tendido que impugnarlas ante los Tribunales Agrarios.
Tal fue en el caso de las asambleas correspondientes de los núcleos agrarios de Los Guajes, Dos Arroyos, La Palma y Cacahuatepec, cuyos juicios actualmente se desahogan en el Tribunal Unitario Agrario 41, con sede en Acapulco, Guerrero.
También expresaron que en su propósito de imponer la presa, las autoridades han utilizado la fuerza pública para reprimir a quienes se oponen al proyecto y además han provocado la división entre los pueblos.
De la misma manera informaron al Alto Comisionado del desacato judicial en el que incurren actualmente el gobierno estatal y la CFE, al ejecutar obras carreteras relacionadas con la construcción de la presa en los núcleos agrarios de La Palma, Cacahuatepec, Dos Arroyos y Los Cuajes, a pesar de que se lo impiden las medidas cautelares emitidas por el Tribunal Unitario Agrario 41, y por los amparos otorgados por el Juzgado Tercero de Distrito, con sede en Acapulco, Guerrero.
Ante estos hechos, en ambos encuentros, el representante de la ONU expresó a las y los campesinos lo importante que es para el organismo que representa conocer la opinión de los opositores a la polémica presa.
En su mensaje, Amerigó Incalcaterra explicó que su visita tiene la finalidad de conocer la opinión de los opositores al proyecto hidroeléctrico para después trasmitirla de la manera más objetiva a las autoridades correspondientes y que de esta manera las decisiones que se tomen en torno a la presa sean las más respetuosas de los derechos humanos.
Dijo que la misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es proteger y promover todos los derechos humanos para todas las personas y prevenir la recurrencia de violaciones a los derechos humanos en todos los lugares del mundo.
El Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, señaló: «valoramos con suma importancia el diálogo entre los opositores a la presa La Parota y el Alto Comisionado de la ONU, ya que abre la posibilidad de que este diálogo se extienda con las autoridades del gobierno estatal y federal, tal y como lo hemos venido demandando en varios momentos, y en el cual poder exponer las razones que sustentan el rechazo al megaproyecto hidroeléctrico que afectaría a más de 70 mil campesinos que habitan las 17 mil hectáreas donde se pretende construir la presa, además de los daños colaterales al medio ambiente que generaría».
De igual forma, dicen que debido al interés que ha manifestado la ONU en torno al conflicto originado por la presa, «esperamos que el gobierno mexicano asuma una postura de respeto a los derechos humanos de las y los campesinos y no siga contribuyendo al clima de confrontación que ha provocado el polémico proyecto hidroeléctrico».
Recalcan que el gobierno Estatal, Federal y la CFE han sido los que han violado las leyes, «al impedir la libre consulta de los pueblos, al reprimir con la fuerza pública a las y los opositores».
También violentan los ordenamientos legales, al desacatar las medidas cautelares emitidas por el Tribunal Agrario que le impiden realizar cualquier trabajo relacionado con la presa dentro de los núcleos agrarios de La Palma, Cacahuatepec, Dos Arroyos y Los Guajes.
Reiteran que los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP) apuestan a los mecanismos jurídicos para resolver sus controversias, pero si las autoridades y la CFE «no acatan los veredictos emitidos por los tribunales y no respetan los derechos humanos de los pueblos, recurriendo a una conducta de franco desacato a la legalidad, obligan a los campesinos a defender sus derechos a la tierra y el territorio por la vía de los hechos».
07/GT/GG
