El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) presentó el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2012. En este documento se evalúan los avances en materia de política de desarrollo social de 2008 a 2011.
Y lo más relevante, se formulan una serie de recomendaciones que perfilan las características de una posible reforma en seguridad social y desde luego, en política social, para el gobierno que inicia este 1 de diciembre.
Durante la administración de Felipe Calderón el saldo en pobreza es por demás negativo y preocupante. El número de pobres en el país creció en 1.5 millones; hoy se cuenta con 60 millones de personas en condiciones de pobreza, un poco más de la mitad de la población del país (53.7 por ciento).
¿Qué ha limitado la reducción de la pobreza? Según el informe del Coneval, no se ha logrado incrementar el ingreso real de las familias debido a cuatro factores básicos: crisis financiera, aumento en el precio de los alimentos; al muy lento crecimiento económico y la insuficiente creación de empleos.
Son factores estructurales derivados de una política económica depredadora; aunque la crisis financiera fue un shock externo, su manejo fue lamentable, para decirlo amablemente.
Como bien afirma el documento, estos factores escapan de las funciones y control de las instancias de la política social; hacen mención a que son funciones de otras dependencias públicas, pero responsabilidad del Ejecutivo, y en algunos casos del Legislativo, decisiones de Estado.
Pese a que el gasto funcional de desarrollo social ha crecido 88.0 por ciento de 2000 a 2011 y 147.0 por ciento en el periodo 1996-2011, en términos reales, el gasto social sí ha crecido, pero ¿a dónde se ha destinado más allá de los propósitos políticos y electorales?
Una de las causales más importantes de la pobreza es la pérdida de empleos, su generación insuficiente, y lo reducido de los salarios.
Registros del IMSS indican que durante 2006-2011 se crearon 2 millones 377 mil 142 empleos, y que tan sólo en 2009 se perdieron 509 mil 103.
Si partimos de que cada año se requieren 1 millón 500 mil empleos nuevos, esta creación de empleos arroja un déficit de 6.6 millones para el período analizado; dicho de otra manera se “generaron” más de 6 millones de desempleos, obviamente crece la pobreza.
Ligado a lo anterior está el crecimiento del precio de los alimentos, que es generador de pobreza en la misma medida en que existe desempleo y muy, pero muy bajos salarios, provocando que las familias tengan un ingreso muy limitado.
Mientras que la política laboral –transexenal– facilite el desempleo y castigue los salarios, la pobreza seguirá creciendo.
También el crecimiento económico puede reducir o aumentar la pobreza. Al respecto, vale destacar que durante este sexenio que termina el crecimiento de toda la actividad económica del país, medida por el PIB, como se muestra en la gráfica, únicamente creció 1.6 puntos porcentuales, el más bajo en los últimos 24 años. Un fracaso económico con muchas posibilidades de “continuidad”.
Como es lógico, las recomendaciones que hace Coneval se inscriben en el ámbito de la política social, pero no dejan de mencionar aunque sea tímidamente la necesidad de fortalecer el mercado interno y la debilidad de nuestra economía ante los factores externos, como la dependencia frente a Estados Unidos.
Sin embargo, la atención de estas recomendaciones pese a que estén en la esfera de la política social, conllevan decisiones en el ámbito de la política económica. Ésa es su prueba de ácido, ahí se requieren cambios de calado profundo, difíciles de creer si tomamos como referencia la reforma laboral recientemente aprobada y sus efectos de corto y largo plazo.
Concretamente en el caso de la seguridad social, cuya reforma fue anunciada por el Presidente electo y su equipo, el documento plantea un “esquema efectivo de seguridad social” en cuatro dimensiones: sistema de salud universal, trabajo, pensiones y transferencias monetarias; en dos ámbitos: contributivo y no contributivo.
Dirigido a niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, en esta categorización no están las mujeres porque se concibió como ciclo de vida, pero difícilmente van a tener una perspectiva de género.
Para el sistema de salud universal se propone un paquete de beneficios iguales entre instituciones y utilización de los servicios de salud, centrado en atención de primer nivel con un enfoque preventivo (contributivo).
El trabajo comprende políticas activas de empleo, seguro de desempleo y licencia de maternidad (contributivo); guarderías con beneficios iguales para cuidado y desarrollo (no contributivo).
En el caso de pensiones: aportaciones para pensión de vejez, en los dos ámbitos contributivo y no contributivo; pensión e incapacidades por riesgos de trabajo; pensión e incapacidades de invalidez y vida; pensión por orfandad (no contributivo). Además se plantea un piso mínimo de transferencias monetarias, que estaría pendiente de definir.
Política social y seguridad requieren una cirugía mayor, ésta debe contemplar la problemática de género, el empleo de las mujeres ya no representa una posibilidad de acceso a la seguridad social, a los servicios de salud o a las guarderías.
Tal es el caso de la maternidad. En 2009, resultados de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS), mostraron que casi la mitad de las mujeres trabajadoras que tuvieron que ausentarse de su trabajo debido a un parto, no pudieron contar con una incapacidad o licencia médica.
De manera similar, 67.1 por ciento de las mujeres que en el año de referencia se ausentaron de su actividad laboral debido a una complicación del embarazo o un aborto, tampoco tuvieron acceso a una incapacidad. (Mujeres y Hombres, 2011, Inegi).
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Twitter: @ramonaponce
*Economista especializada en temas de género.
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