Ante las omisiones halladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el informe forense practicado a la mujer nahuatl violada y asesinada en Tetlazinga, presuntamente por miembros del ejército mexicano, el cuerpo de la víctima fue hoy exhumado, luego de una discusión entre elementos del Ministerio Público Militar y habitantes del lugar.
La nueva autopsia, recomendada por el organismo, tiene como objetivo recabar muestras de residuos seminales en el cuerpo de la víctima, pues el informe forense de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz no incluyó la obtención de esa evidencia y ha sido insuficiente para continuar con la investigación.
La medida, que contradice lo informado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en su comunicado 019, donde afirma que compararía «el líquido seminal recogido del cuerpo de la hoy occisa con muestras de sangre que se tomen del personal militar», obtendría efectivamente estos residuos para tener evidencia científica que determine la presunta responsabilidad de los militares.
La Sedena, dice Isabel Uriarte, representante legal del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), exculpó prematuramente a los militares cuando no se contaba con los resultados de análisis seminales que, de acuerdo al último boletín de la institución castrense, estarán listos en un lapso de 15 a 20 días.
Pero lo más ilógico ?recalca la abogada- es que no existía una muestra de semen para su comparación, debido a que al cuerpo de la víctima no le fueron extraídos residuos seminales.
«Hay también una serie de irregularidades en la averiguación previa», confirma la abogada. Luego de las primeras investigaciones realizadas por integrantes del Prodh, se comprobaron irregularidades en el proceso jurídico seguido por autoridades, tanto del fuero común como militar, lo que dificulta un adecuado acceso a la justicia.
LA DIFÍCIL EXHUMACIÓN
Desde la madrugada de este viernes, en las inmediaciones del municipio de Soledad Atzompa, la presencia de unidades del ejército que resguardaban a integrantes del Ministerio Público Militar despertó el malestar de la comunidad serrana, que se negaba a permitir el acceso del ejército a esta zona de Zongolica.
Las autoridades militares pretendían realizar la exhumación del cuerpo de la mujer, muerta el pasado 26 de febrero, como lo había ordenado la CNDH.
Tras algunas discusiones, que estuvieron a punto de convertirse en un enfrentamiento físico entre la comunidad y las fuerzas militares que pretendían ascender hacia donde fue victimada la indígena náhuatl, los cinco hijos de la occisa accedieron a la exhumación con la condición de que fueran retirados los soldados de Soledad Atzompa y que el cuerpo no saliera del cementerio municipal.
De esta forma, al filo de las seis de la mañana, peritos de la CNDH; visitadores de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; representantes del Ministerio Público Militar; el subprocurador de Justicia en la zona centro, Miguel Mina Rodríguez; personal de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y contra la Familia, así como elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), se dirigieron al cementerio municipal para iniciar la exhumación del cuerpo.
Elementos de la SSP acordonaron la zona y con hules color negro cercaron la fosa, 50 metros a la redonda, evitando la visibilidad de los trabajos a personas ajenas a la investigación.
Una vez concluida la toma de muestras, que serán analizadas por expertos de la CNDH, el cuerpo de la mujer fue nuevamente inhumado.
NEGLIGENCIA MÉDICA
Además de las irregularidades en la ejecución de la necropsia, también quedó demostrado que hubo negligencia médica y ello influyó en la muerte de la mujer, asegura la titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Noemí Quirasco Hernández,
Primero fue mal atendida en una clínica rural del Seguro Social, posteriormente en una clínica particular de Ciudad Mendoza y finalmente en el Hospital Regional de Río Blanco, en donde falleció, explicó la funcionaria en una rueda de prensa llevada a cabo en la capital del estado.
IRREGULARIDADES JURÍDICAS
La abogada Isabel Uriarte explicó también que se observan dos graves violaciones en el caso: la primera es la tortura física que sufrió la víctima y la otra es la falta de información a sus familiares.
Los cinco hijos de la víctima desconocen el avance de las indagatorias, el contenido de la averiguación previa radicada en la Procuraduría General de Justicia del Estado y la investigación que realiza la Sedena.
Los únicos documentos en manos de la familia son los boletines de prensa emitidos por la Sedena.
COMUNICACIÓN ABSURDA
Al referirse a estos comunicados de la Sedena, Uriarte explicó que el contenido de los mismos «rayan» en lo absurdo; por ejemplo, al asegurar que con una revisión ocular a los genitales de los elementos del ejército se corrobora que no tuvieron actividad sexual y con ello se descarta su responsabilidad en los hechos.
Y el número 019, emitido dos veces con el mismo número y diferente contenido, es ilógico, recuerda Uriarte. Como es también ilógico que hayan asegurado que los resultados de sus investigaciones constituirían «prueba irrefutable».
Ante tales hechos, el Centro Pro, observador de Amnistía Internacional en este caso, ha propuesto un patrocinio jurídico para apoyar tanto a nivel nacional como internacional a la familia.
Sin embargo, «ellos tendrán la última palabra, aunque ya han manifestado su clamor de justicia y castigo para los militares castrenses».
07/LC/GG
