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Inicia campaña contra represión del Estado mexicano

Por Anaiz Zamora Márquez

Ante la creciente represión del Estado mexicano a la protesta ciudadana, dirigida con mayor encono contra quienes defienden el derecho a la tierra y los  recursos naturales, organizaciones campesinas, sociales y de defensa de los Derechos Humanos (DH) lanzaron hoy la “Campaña Nacional e Internacional por la Libertad y la Justicia”.
 
En conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), activistas y grupos civiles denunciaron las faltas al debido proceso, la persecución y encarcelamiento del cual han sido víctimas dirigentes sociales y que se traducen en severas violaciones al derecho a la protesta, al grado que cobraron la vida de luchadoras sociales como Bety Cariño y Rocío Mesino, crímenes que siguen impunes.
 
De acuerdo con la campaña, “la criminalización y judicialización del movimiento social sigue aumentando en una especie de guerra de baja intensidad del Estado mexicano contra el pueblo que se viene organizando”, para defender sus derechos, su territorio y recursos naturales.
 
Mediante la campaña –que consistirá en diversas manifestaciones sociales, foros y encuentros en varias entidades del país– se exigirá la libertad de activistas que han sido acusados de delitos graves en un “claro intento por reprender su liderazgo”, entre quienes se encuentra la indígena María Luisa Ruiz Ruíz, Sara Altamirano Ramos y la representante comunal morelense Enedina Rosas Flores.  
 
También se exigirá a las autoridades correspondientes justicia por los asesinatos de la defensora de DH Bety Cariño (ocurrido en 2010), y la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino, perpetrado en octubre de 2013.
 
Provenientes de diversos estados del país, las y los activistas que pusieron en marcha la campaña coincidieron en que cuando el abandono de las autoridades a los pueblos deriva en hartazgo social, son las mujeres y hombres quienes exigen sus derechos, situación que vulnera aún más su situación, pues se enfrentan al riesgo latente de ser reprimidos.
 
Tal es el caso de las mujeres de Aquila, Michoacán, que desde el año pasado exigen la liberación de sus compañeros que decidieron conformar la guardia comunitaria de la comunidad.
 
En entrevista, Octavio Villanueva Magaña, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Aquila, relató que en el municipio aún se vive un ambiente de inseguridad total, y que los procesos iniciados contra los 40 integrantes de la guardia comunitaria que fueron detenidos y encarcelados en junio pasado siguen abiertos, sin que las autoridades judiciales investiguen los delitos por los que la comunidad decidió armarse.
 
Recordó que “la gota que derramó el vaso, fue que los malandras (como llaman a los integrantes del crimen organizado) violaban a las mujeres y niñas”, y que previamente los habitantes habían acudido a denunciar diversos delitos, pero nadie los escuchó.
 
Por su parte, Leonel Rivero Rodríguez, abogado que litiga el caso de los integrantes de la guardia, sostuvo que sí se presentaron  denuncias por los casos de violencia sexual, pero que hasta la fecha se ignora si se llevan a cabo las investigaciones correspondientes o si hay un seguimiento a los delitos.
 
Al mismo tiempo denunció que en el proceso de diálogo entre el gobierno federal y las autodefensas de Michoacán la situación de Aquila no ha sido tomada en cuenta, pues en la comunidad lo que también se busca es defender los recursos naturales y no sólo luchar contra el crimen organizado.
 
En ese mismo tenor está la comunidad de Amilcingo, Morelos, que pelea contra la construcción del “Mega Proyecto Integral” en el estado, mediante el cual se pretende construir un gasoducto que no sólo destruiría campos agrícolas sino que pondría en riesgo a la población ante posibles explosiones de gas.
 
Miriam Vargas, integrante de la comunidad, relató que la oposición del pueblo al proyecto derivó en aprehensiones arbitrarias de luchadoras sociales como la comisariada ejidal de San Felipe Xonacayuca, Enedina Rosas, a quien se le acusa, entre otros delitos, del robo de dos celulares.
 
“Con esas acusaciones se busca mantenerla en la cárcel y que ya no continúe organizando al pueblo”, dijo Vargas.  
 
Como parte de la campaña, Omar Esparza, pareja de Bety Cariño, inició el pasado domingo una huelga de hambre en demanda de que la PGR aprehenda a los presuntos asesinos de la activista.
 
Asimismo, el próximo 13 de mayo se realizará en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el foro “Criminalización de la lucha social” y posteriormente una marcha.
 
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