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Inician campaña internacional a favor de Beatriz

Por la Redacción

Ante el riesgo que corre la vida de Beatriz, la joven salvadoreña que padece lupus y tiene un avanzado embarazo de feto anancefálico (sin cerebro), organizaciones internacionales emprendieron una campaña para que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del país centroamericano le permita interrumpir la gestación.
 
Cuando Beatriz tenía 13 semanas de embarazo los médicos que la atendieron le informaron que su vida corría peligro porque padece lupus, hipertensión e insuficiencia renal, además le dijeron que el feto es anencefálico, pero hasta ahora lleva 24 semanas de gestación (seis meses) sin acceder a su interrupción.
 
La joven no puede practicarse un aborto porque en El Salvador está prohibido por cualquier motivo, incluso si significa un peligro para la vida de la madre.
 
Según versiones periodísticas, Beatriz no puede salir del país para realizar el procedimiento de forma legal, ya que podría ser procesada por “matar” a un ciudadano salvadoreño.
 
La organización estadounidense de Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) llamó al presidente salvadoreño, Mauricio Funes, a que autorice la interrupción del embarazo sin riesgo de que la joven de 22 años sea sancionada penalmente.
 
Según información recopilada por HRW, si el feto carece de una parte esencial del cerebro, esto conduce a su muerte en cuestión de horas o días después del parto, además los médicos reportaron que de seguir con el embarazo, Beatriz puede sufrir una hemorragia, preeclampsia grave y una posible insuficiencia renal.
 
No obstante, las leyes penales de El Salvador indican que de interrumpir el embarazo podría tener una pena de hasta 50 años de prisión y hasta 12 años de cárcel para el médico que realice el procedimiento.
 
En días recientes el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) envió una carta a la Sala de lo Constitucional de la CSJ, para señalar su preocupación porque a las mujeres embarazadas que acuden a hospitales públicos se les impide el aborto aun cuando corre riesgo su vida.
 
Cladem dijo que es peor si las instituciones de salud atemorizan a las mujeres al amenazarlas con denunciarlas penalmente si abortan, lo cual constituye un trato “cruel, inhumano y degradante”.
 
La agrupación también solicitó a la relatora de los Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tracy Robinson, y a José de Jesús Orozco Henríquez, comisionado presidente de la CIDH, que visiten El Salvador para constatar que se cumplan las medidas de protección que ordenaron el pasado 29 de abril y ratificaron el 9 de mayo a favor de Beatriz.
 
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