La privatización del agua no resuelve los problemas de servicio y abastecimiento de las comunidades, coincidieron representantes de diversos organismos que estudian los casos de México, Brasil, Filipinas y Chile y que fueron presentados hoy en el Foro Böll.
Al discutir los efectos de la privatización del agua en los planos nacional y local, se puso sobre la mesa la importancia de que los gobiernos eviten privatizar los servicios de agua potable y se involucren en la reglamentación, principalmente para «socializar» el costo, además de rechazar que el servicio se considere dentro del libre comercio.
En el siglo de las mujeres, las guerras serán por agua, sostuvo la coordinadora del capítulo Latinoamericano de la Alianza Social Continental, de Brasil, Graciela Rodrigues, quien hizo una amplia comparación sobre la vida privada y social de las mujeres y su relación permanente con el agua.
Explicó que la primera guerra por agua se registró ya en Cochabamba, Bolivia, y fueron precisamente mujeres quienes la encabezaron, así como la privatización de la cuenca hidrológica de la Amazonia, donde no se resolvió el problema, por lo que con y sin agua las mujeres siguen enfrentando la precariedad.
El agua, apuntó la investigadora, es un derecho, no una mercancía, al tiempo de sumarse a las múltiples voces que demandan una moratoria del Acuerdo General de Comercio de Servicios (GATS, en inglés) que se discute en la Quinta Reunión Ministerial de la Organización Mundial de Comercio en esta ciudad.
A su vez, la presidenta de la Coalición de Liberación de la Deuda de Filipinas, Ana María R. Nemenzo, dijo que la privatización del agua permite que sólo quienes pueden pagarla tengan acceso a este servicio, por lo que llamó a «resistirnos y a pedir a nuestros gobiernos que no acepten la propuesta del GATS».
Por su parte, la directora del Programa Masivo Crítico sobre Energía y Medio Ambiente de Public Citizen, Wenonah Haunter, expuso que la solidaridad internacional es muy importante para evitar que se sigan privatizando los servicios de agua potable, como ya ha sucedido en Estados Unidos, donde se han podido detener algunos proyectos de privatización.
Sarra Larraín, directora del Programa Sustentable de Chile, recordó que en su país la privatización de los mantos hidrológicos se realizó hace 20 años, durante el régimen militar, pero la privatización del servicio de agua ocurrió durante uno democrático, por lo que dijo que ni uno ni otro garantizó los derechos del pueblo.
Larraín, quien hizo una amplia exposición de la situación del agua en su país, apuntó que el 90 y 95 por ciento de la propiedad hidráulica está en sólo unas cuantas empresas, lo que implica para Chile una pérdida de derechos y una desnacionalización de recursos, lo que ha creado conflictos internos e internacionales.
Por su parte, el único varón, el investigador universitario Andrés Barreda, planteó el panorama de la privatización del servicio de agua en México y el proyecto de desarrollo que el presidente Vicente Fox le ha vendido al Banco Mundial, mismo que se encuentra sobre las cuencas hidráulicas más importantes del país, refiriéndose al Plan Puebla Panamá.
2003/SJE/GMT
