El aumento de la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, comenzó a ser notorio en 1989, pero la situación se volvió inmanejable en 1993, según un informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
El reporte fue presentado durante el 59 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), que inició el pasado 17 de marzo y concluye el 25 de abril, en Ginebra, Suiza.
El documento, titulado Los Asesinatos de Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, destaca que desde 1993 a la fecha, 290 mujeres han sido asesinadas sin que hasta el momento se hayan podido esclarecer todos los hechos ni detener los asesinatos. Se calcula que cerca de 500 más han desaparecido.
La Procuraduría General de Justicia de Chihuahua tiene registrados 258 casos de enero de 1993 al 1 de febrero del 2002, de ellos 76 corresponden al «tipo multihomicida» y los demás están clasificados como de «tipo situacional» (pasionales, narcotráfico robo, sexuales, riña, intrafamiliares, por venganza, imprudenciales), agregó el reporte.
Esta situación, abundó el documento, ha sido denunciada reiteradamente por los familiares de las víctimas y reconocida incluso por la Procuraduría General de la República (PGR).
«Por esta razón resulta difícil saber si la clasificación arriba descrita es certera, aunque independientemente de ello los asesinados no han logrado resolverse, como tampoco los numerosos casos de mujeres y jóvenes desaparecidas».
La mayoría de las víctimas eran mujeres y niñas entre los 15 y 25 años, casi todas ellas migrantes y trabajadoras de la industria maquiladora, de pequeñas tiendas o estudiantes.
El documento revela que desde 1998 han desaparecido aproximadamente 15 niñas y mujeres en la Ciudad de Chihuahua, en condiciones y con un perfil similar a las de Ciudad Juárez.
INCAPACIDAD DE LA AUTORIDAD
La CMDPDH denunció que la labor de la Procuraduría local ha sido muy ineficaz en la integración de expedientes, la recolección de evidencias, la preservación de escenas del crimen y de probables pruebas y en la realización de exámenes periciales.
El contenido del informe recuerda que en 1996 fue creada una Fiscalía Especial para los Crímenes de Mujeres (que ha tenido seis fiscales distintas), cuyos resultados son más que pobres, puesto que sólo hay una persona sentenciada por uno de los crímenes.
De acuerdo con las versiones de la Procuraduría de Justicia estatal, el probable móvil de los asesinatos ha pasado por varios escenarios, desde el tráfico de órganos hasta el narcotráfico o la trata de mujeres, aunque hasta el momento no ha podido esclarecerse lo que está pasando.
Además, dice la CMDPDH, las autoridades gubernamentales provenientes tanto del Partido Acción Nacional (PAN) como del Revolucionario Institucional (PRI) justifican los crímenes por el tamaño de la falda de las víctimas.
También adjudican la violencia en su contra porque salen solas de noche, porque acuden a bailar o porque caminan por lugares obscuros; es decir, porque según han afirmado, «su actitud no corresponde a los estándares morales y esto justifica los crímenes».
La CMDPDH afirma que la falta de voluntad política de los gobiernos estatal y federal para terminar con los asesinatos, así como la ineficacia y parcialidad de las instituciones de justicia, han afectado en forma negativa a la población de esa entidad y fracturado peligrosamente el Estado de derecho.
2003/RGL/MEL
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