Establecer los criterios para orientar la reforma de la justicia para adolescentes en México es el objetivo que ha reunido hoy en el Senado de la República a legisladoras y legisladores federales y locales, quienes durante tres días debatirán el tema en el marco de la conferencia nacional El nuevo modelo de justicia para adolescentes en México tras la reciente aprobación de la reforma al artículo 18 constitucional.
En este marco, Yoriko Yasukawa, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México, consideró insostenible que «todavía no exista un sistema de justicia independiente con el debido proceso que garantice los derechos humanos, que sea transparente y que se aplique a todas y todos los adolescentes». Para la representante, dicho sistema es requisito indispensable de un sistema democrático
Por su parte, Eduardo Medina Mora, secretario de Seguridad Pública del gobierno federal, calificó la reforma como «trascendente», y la enmarcó en un proceso jurídico de gran importancia para los menores iniciado en 1990, cuando México firmó y aprobó la Convención sobre los Derechos de la Niñez (CDN), el principal tratado internacional sobre los derechos de las y los niños.
La CDN reconoció por primera vez a las niñas, los niños y los adolescentes como sujetos de plenos derechos; al ratificarla, México se comprometió a tomar las medidas legislativas, administrativas, judiciales y sociales necesarias para defender sus derechos.
Hasta la fecha, México no había introducido reformas en materia penal para adolescentes; en la mayoría de los estados prevalece el sistema tutelar frente al garantista que recomienda la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Sin embargo, ya desde abril de 2004, la Comisión Especial para la Niñez, Adolescencia y la Familia, presidida por la diputada del PRD Angélica de la Peña Gómez, había impulsado la revisión de la Constitución para aplicar los principios estipulados por la CND para garantizar los derechos de los 20.4 millones de adolescentes mexicanos.
Por su parte, el diputado Heliodoro Díaz Escárraga calificó de «impostergable» la reforma de un sistema de justicia que consideró «anticuado». En su opinión, el aumento de la delincuencia juvenil es una realidad que obliga a realizar dicha revisión.
«Hasta ahora, en México hemos sido incapaces de dar a las nuevas generaciones condiciones y espacios adecuados a sus derechos», afirmó a su vez el senador Enrique Jackson Ramírez, presidente de la Cámara de Senadores, durante el acto inaugural.
Jackson avaló así la creación de un nuevo sistema que implica la conformación de instituciones, tribunales y autoridades especializadas en la procuración e impartición de justicia para personas de entre 12 y 18 años.
Algunas de las medidas que introduce la reforma son aplicar el internamiento sólo a los adolescentes mayores de 14 años; establecer instituciones, tribunales y autoridades especializados, y establecer garantías procesales para las y los menores.
Hasta ahora, a diferencia de los adultos, las y los menores que habían cometido algún delito no contaban con las garantías de un proceso judicial, ya que éste lo llevaba a cabo una autoridad administrativa.
.Ahora, con base en la reforma aprobada por el Congreso, las y los participantes en las conferencias discutirán los mecanismos para crear leyes, instituciones y órganos federales y locales en torno a un tema, «que nos convoca a todos», aseguró el senador Enrique Jackson.
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