La población migrante requiere protección internacional porque es injusto obligarla a regresar a situaciones precarias de superviviencia, donde sus derechos económicos, sociales y culturales son violentados, concluyó en su más reciente informe la relatora especial de la ONU para los derechos humanos de los migrantes, Gabriela Rodríguez Pizarro.
Con lo anterior en mente, la abogada costarricense, realizará una misión de trabajo en las fronteras sur y norte de México a partir del 25 de febrero, para recabar información sobre violaciones a los derechos humanos de migrantes y sus familias.
La visita comenzará el próximo lunes en la ciudad de México, misma que finalizará el 18 de marzo en Washington. La relatora presentará un reporte oral de esta visita en la 48 sesión de la Comisión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que será llevada a cabo en Ginebra del 18 de marzo al 26 de abril de este año.
Rodríguez visitará la frontera México-Estados Unidos, la más transitada del planeta, pero también está invitada a Chiapas para conocer sobre la situación de los derechos humanos de los migrantes centroamericanos en México.
En el mundo cerca de 150 millones de personas migran, de las cuales nueve millones son de nacionalidad mexicana. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), el flujo migratorio neto anual en México se multiplicó en más de 10 veces en los últimos 30 años, hasta alcanzar más de tres millones de personas en la década pasada.
México y Centroamérica comparten la condición de expulsores de fuerza de trabajo y generan más de la mitad del total de migrantes indocumentados en Estados Unidos: 70 por ciento del total son latinos, y de este grupo, 57 por ciento son de México, 14 por ciente, de El Salvador y seis por ciento, de Guatemala.
Aunque la mayor parte de la atención respecto del abuso en contra de las y los migrantes se concentra en lo que ocurre en la frontera norte, los mayores abusos se registran en el sur del país, asegura el Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos AC (Cefpdhac).
Mientras tanto, México y Estados Unidos endurecieron sus políticas de control en sus respectivas fronteras por el sur. Tanto la Operación Guardian en EU, como el Plan Sur en Chiapas fortalecieron la vigilancia mediante la acción de policías y militares.
Según organismos defensores de derechos humanos, debido a vigilancia en la frontera sur, quienes se arriesgan a utilizar rutas deshabitadas y más peligrosas para internarse en el país, corren mayores riesgos de morir en el intento.
En EU, la estrategia usada por la Patrulla Fronteriza se dirige a complicar el trabajo a los llamados polleros, obligándolos a cruzar a los migrantes por zonas desérticas y peligrosas, lo que aumenta tanto los precios de los polleros como el número de muertes de indocumentados.
«Lo cierto es que en un mundo globalizado donde las fronteras se abren para el libre cambio de las mercancías y se cierran para impedir el tránsito de las personas, se requiere analizar el fenómeno pero, sobre todo, son necesarias soluciones», sostuvo Rodríguez en enero, en el marco de un foro de derechos humanos en la ciudad de México.
MARCO LEGAL EN MATERIA MIGRATORIA
Los antecedentes del trabajo de la ONU sobre los derechos de los migrantes se remontan a 1990, cuando se aprobó la Convención Internacional de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y los Miembros de sus Familias.
En 1997, la Asamblea General creó un Grupo Especial de Expertos para tratar el tema de los derechos humanos de los trabajadores migratorios, compuesto por cinco reputados investigadores y encabezado por el mexicano Jorge Bustamante.
En 1999 la Comisión para los Derechos Humanos nombró a Gabriela Rodríguez como relatora especial.
Distintos analistas mexicanos, organizados en torno al Foro Migraciones, coincidieron el pasado enero que es necesaria una política migratoria nacional que parta de lo aprobado en la Convención, que México ratificó el 8 de marzo de 1999, con reserva al artículo 22 sobre derecho de audiencia.
Fabienne Venet, directora general de la organización «Sin fronteras», dijo que si bien la convención no ha entrado en vigor porque falta la ratificación de dos países, es el único instrumento que existe sobre los migrantes y que los considera desde el momento en que salen de su lugar de origen.
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