El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Oficina de Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (ORDPI) anunciaron hoy un próximo diálogo con las autoridades castrenses y policiacas de México a fin de detener la violación a mujeres indígenas en zonas militarizadas.
Inmujeres y la oficina encabezada por Xóchitl Gálvez organizan una mesa de diálogo «para presionar que ellas sean atendidas y no se vuelvan a repetir estas situaciones de mujeres violadas, que no fueron nada más en Chiapas –un caso escandaloso– sino también en Veracruz, Guerrero o Oaxaca», explica la presidenta del Instituto, Patricia Espinosa.
Tan sólo en febrero y marzo de este año se hicieron dos denuncias de violación tumultuaria a mujeres tlapanecas en la zona de La Montaña, en el estado de Guerrero, presuntamente por el batallón 41 del ejército mexicano, que ahora dirime la justicia militar y sobre las cuales la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha mantenido un silencio total hasta el día de hoy.
También, la justicia para las tres hermanas tzeltales violadas por soldados en 1994 en el municipio zapatista de Altamirano, Chiapas, sigue pendiente; a pesar de las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos por medio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Esta mañana, en la presentación de las recomendaciones del comité de la ONU sobre la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW), y luego del informe que el gobierno mexicano presentó el pasado agosto, Patricia Espinosa anunció la iniciativa.
En la mesa interinstitucional contra la violencia hacia indígenas en ambientes militarizados tendría que participar la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), indicó la funcionaria.
Antes, en la presentación, la fundadora de la ONG Defensoras Populares, Teresa Ulloa, recordó que en el anterior informe sobre CEDAW –celebrado en Nueva York en 1998– la actual senadora Dulce María Sauri negó la violación a las tzeltales y cuatro años después, en la nueva administración, tampoco hay acciones del gobierno.
Por ello propuso que el Inmujeres trabaje para que el juicio a violaciones sexuales por parte de efectivos de la Sedena salga del fuero militar.
Las violaciones de derechos humanos a mujeres no tendrían que salir de México –ni de Nigeria, en el caso de Amina Nawal– si hubiera compromisos serios para garantizarlos dentro de los países, abundó en entrevista.
Cabe recordar que el 16 de febrero pasado la tlapaneca Valentina Rosendo Cantú lavaba ropa en un arroyo, a 200 metros de su casa en el caserío de Barranca Bejuco, cuando un grupo de militares la interrogaron y acusaron a sus familiares de guerrilleros; acto seguido la golpearon y, al desmayarse durante unos minutos, dos soldados la violaron mientras otros seis observaban.
También, el 22 de marzo del 2002 tres militares armados con rifles atacaron y violaron a Inés Hernández Ortega en el poblado cercano de Barranca Tecuani.
Ambas jóvenes decidieron hacer la denuncia formal y sostenerla, a pesar de las amenazas. Valentina Rosendo salió de su comunidad rumbo a la cuarta visitaduría general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a varias horas de camino, únicamente para poner una queja contra militares del ejército mexicano.
Hasta el día de hoy esa denuncia está congelada, informó vía telefónica Gabino Santiago, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Consideró que hace falta mayor presión nacional para vencer el tortuguismo que caracteriza al ombudsman nacional.
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