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Inoperancia de ley antiviolencia se traduce en más feminicidio

Por Nelson Rodríguez, corresponsal

Cuarenta y siete mujeres nicaragüenses han sido asesinadas en este país de enero a julio de este año y tres más fueron ultimadas en el extranjero, señala un informe de la organización civil Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).
 
De las 50 mujeres, tres eran niñas, seis adolescentes y 24 tenían entre 18 y 40 años de edad; la mayoría fueron víctimas a manos de sus parejas y ex parejas en sus propias casas, según el reporte. CDD informa también sobre 32 casos de feminicidio en “grado de frustración” contra adolescentes y mujeres menores de 40 años.
 
Este año, la Región Autónoma del Caribe Sur nicaragüense ocupa el primer lugar de violencia, con 13 mujeres asesinadas, seguida  de la capital del país, Managua, con nueve, y la Costa Caribe Norte con ocho, mientras que los demás casos ocurrieron en el resto de departamentos (provincias).
 
Al respecto, Elia Palacios, de la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV), dijo que en la mayoría de los asesinatos de mujeres las víctimas son jóvenes porque son quienes “se rebelan ante la violencia y manejan mayor información”.
 
Varias organizaciones de mujeres, así como las autoridades judiciales y policiales, han impartido talleres de capacitación en diferentes regiones del país, para informar sobre los alcances de la Ley 779, que penaliza todo tipo de violencia de género.
 
La RMCV y CDD, al igual que el movimiento amplio de mujeres de Nicaragua, exigen al Estado que invierta presupuesto para la aplicación de esa ley, y a las autoridades policiales y judiciales y a la Fiscalía que apliquen las medidas preventivas contempladas en la norma.
 
La Ley 779 cumplió su primer año de vigencia en junio pasado, sin embargo las organizaciones de mujeres advierten la falta de presupuesto y de personal para su aplicación cabal.
 
Aunque la Corte Suprema de Justicia informa que alrededor de 700 hombres han sido procesados y condenados por violencia contra las mujeres entre 2012 y 2013, activistas sostienen que eso es insuficiente, ya que hacen falta fiscales, Comisarías de la Mujer y autoridades con voluntad política para prevenir y sancionar este delito.
 
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