En Guatemala, el escenario de inseguridad, impunidad y violencia abre un espacio para que la situación y condición de las mujeres en materia de salud, educación, y trabajo se agudice y dé lugar a costos altísimos, en donde está en juego la vida, señaló Carmen Lucía Pellicer de la Fundación Sobrevivientes.
La Fundación Sobrevivientes es una institución de servicio social, integrada por mujeres sobrevivientes de violencia para brindar apoyo a mujeres que también son victimas de violencia familiar, sexual y asesinato. Inició en el año 2001, como una necesidad de dar acompañamiento a jóvenes víctimas de violencia sexual en el proceso de búsqueda de justicia.
«El contexto del país afecta e incrementa la violencia en general y en particular la violencia contra las mujeres, afirma. Los aspectos más sobresalientes a nivel nacional son: políticas de Estado fragmentadas, interrumpidas o canceladas en el nuevo gobierno, y la expresión de políticas de índole populista, así como el colapso del modelo económico, que agudiza la pobreza de las mujeres y de los Pueblos Indígenas y abre aún más las brechas entre ricos y pobres, se globaliza la economía, pero no el acceso a los derechos humanos».
Así lo afirmó durante la entrevista que sostuvo el pasado 13 de mayo con la delegación de activistas agrupadas en la «Misión de Observación y Denuncia Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres en Guatemala», organizada por la Red Petateras de Guatemala, en coordinación con Sinergia Noj, Radio Internacional Feminista (RIF), la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG), Asociadas por lo Justo (JASS) y La Cuerda.
Dicha Misión viajó al país para expresar la solidaridad con sus luchas por eliminar el flagelo estructural de la violencia contra las mujeres, en el marco de la escalada de todas las formas de violencia en este país que firmó Acuerdos de Paz recientemente.
DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE GÉNERO
Carmen Lucía Pellicer informó que la discriminación por motivos de género hacia las mujeres ha sido en Guatemala un fenómeno de carácter cultural que se profundiza con una legislación que excluye la equidad y da una preponderancia al hombre como cabeza de familia o como único sujeto activo de las relaciones sociales.
«Referirse a la violencia de género es referirse a los niveles de tolerancia que existe en nuestros sistemas de justicia, respecto de las violaciones de derechos humanos que les suceden a las mujeres», señaló.
Pellicer agregó que a los altos niveles de violencia conyugal, violación sexual, acoso, maltrato, incesto, violencia familiar, amenazas de muerte, asesinatos –es decir femicidio– , lo que se suma son prácticas judiciales que no dan trámite a los casos, legislaciones y códigos que no tipifican suficientemente los delitos ni sancionan.
Se agrega también que los operadores de justicia desconocen convenios internacionales sobre derechos de las mujeres, sistemas legales que condenan a las víctimas y no a los agresores.
ESTADO DESPREOCUPADO
«A pesar de los esfuerzos realizados por el movimiento de mujeres, dirigidos especialmente a erradicar este tipo de violencia, aún existen altos niveles de despreocupación respecto del problema, por parte del Estado guatemalteco», puntualizó la integrante de Sobrevivientes.
De igual manera, señaló que entre otros de los aspectos que exacerban la violencia contra las guatemaltecas se encuentra la presencia del narcotráfico en el país, la trata de personas que afecta a nivel local, regional y nacional, incidiendo en la economía del país, así como en integración de sectores de la población al mismo.
Lucía Pellicer agregó que de igual manera existe la creciente corrupción al interior de los organismos del Estado de Guatemala, particularmente en el Organismo Judicial, que afecta el acceso a la justicia y da lugar al tráfico de influencias.
Esto amplía la debilidad y limitaciones en las Oficinas Municipales de la Mujer, donde hay tensión entre las coordinadoras y esposas de los alcaldes que impiden alcanzar una estrategia, medios, mecanismos y recursos institucionalizados para la prevención, sanción y erradicación de la violencia en general, de la inseguridad ciudadana y la violencia contra la mujer.
PERSISTENTES EFECTOS DE LA GUERRA
Carmen Lucía Pellicer informó a las activistas que integraron la Misión –cuyo objetivo principal fue activar la coordinación de iniciativas a nivel local, regional continental e internacional para denunciar y desarrollar acciones de presión para poner fin a la impunidad frente a los casos concretos que las mujeres han denunciado– que en Guatemala los efectos de la guerra persisten.
«Como resultado de 36 años de conflicto armado, los efectos de la guerra ahondaron causas estructurales de pobreza, discriminación y violencia que afectaron de manera preponderante a las mujeres, a las niñas y niños y a los pueblos indígenas del país».
A pesar de que el proceso que finalizó con la firma de los Acuerdos de Paz permitió espacios de participación social y de propuesta política, éstas no profundizaron, ya que no existió ni existe voluntad política por parte del Estado guatemalteco para dar cumplimiento a los acuerdos, pactos y convenciones que ha significado y ratificado para hacer que se respeten los derechos humanos de las mujeres.
El retorno de políticas de seguridad nacional y de representantes del Estado –considerados genocidio y delitos de lesa humanidad– al espacio de los poderes ejecutivo y legislativo, «cierran posibilidades y espacios reales construidos por las mujeres y el movimiento social en sus esfuerzos por crear democracias respetuosas de la dignidad humana», puntualizó.
Según información de organizaciones guatemaltecas, en lo que va de este año en el país 226 mujeres han sido asesinadas, 26 de ellas desmembradas, y entre 2000 y 2008 más de 4 mil 300 fueron asesinadas, lo que coloca al país en el tercer lugar a nivel latinoamericano en muerte contra mujeres.
Al respecto Norma Cruz, directora de la Fundación Sobrevivientes, señala en Guatemala es un reto para nosotras las mujeres el derrumbar el muro de la impunidad, tanto de los hechos del pasado como del presente. Debemos de cambiar el mensaje, señaló, debemos de acabar con la indiferencia y debemos de dar pasos firmes para transformar de raíz las instituciones del Estado que aún responden al pasado.
En marzo de este año la fundadora y directora de la Fundación Sobrevivientes, Norma Cruz, recibió de manos de la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje, que se otorga desde el 2007, el cual le fue otorgado por su lucha en favor de los derechos de las mujeres, contra la explotación sexual y violencia de que son víctimas niñas y mujeres.
09/GTR/GG
