Aunque en los últimos 90 años no ha prosperado ninguna denuncia de juicio político en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) insiste en que la demanda en contra del gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, «no se convierta en alimento de los ratones», como advirtió el año pasado el hoy senador Pablo Gómez.
Pablo Gómez Álvarez exigió a la Cámara de Diputados, el 16 de febrero del año pasado, al presentar la denuncia de juicio político contra Marín, que actuara con dignidad, como representantes de la nación y a no defraudar la confianza que alguna vez les depositó el pueblo para aprobar el juicio.
Asimismo, pidió a la fracción parlamentaria del PRI que solicitara al gobernador Mario Marín la separación de su cargo por decoro partidista, algo que sería nuevo e inusitado y por lo tanto «aplaudible».
Pablo Gómez, quien fuera coordinador de la bancada perredista en la LIX Legislatura, presentó la denuncia de juicio político contra Marín Torres por violación a diversos artículos de la Constitución General de la República a la Secretaría General de la Cámara de Diputados.
Luego, el 7 de junio de ese mismo año, la ex legisladora perredista Rosa María Avilés Nájera, ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, hizo la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución:
«Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados integrar en el orden del día de su próxima sesión, la presentación de la denuncia de juicio político, versus el C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, Mario Marín Torres, por graves violaciones a las garantías individuales consagradas en la Constitución General de la República, en agravio de la ciudadana Lydia Cacho Ribeiro.
Segundo. Se exhorta a la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados a que la voluntad y decisión de esta Soberanía no se someta a la de otros Poderes de la Unión endetrimento de sus atribuciones constitucionales.
En su momento la ex diputada Avilés Nájera pedía a sus compañeros no declinar en sus facultades a favor de otros poderes de la Unión, porque el Poder Legislativo es quien por mandato constitucional debe asumir a cabalidad la responsabilidad conferida por la voluntad ciudadana.
Todavía entonces confiaba en que la resolución del Punto de Acuerdo no encontraría en los legisladores respuestas simples como: «que dependemos de los tiempos del desahogo de las investigaciones que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación»
LA OTRA DENUNCIA
El 13 de marzo del 2006, fue presentada ante la Secretaría General de la H. Cámara de Diputados otra Denuncia de Juicio Político en contra del gobernador Constitucional del Estado de Puebla, Mario Marín Torres, por los ciudadanos poblanos Eduardo García Suárez, Ricardo Villa Escalera, Carlos Lois Llorens y José Antonio Andreu Marín, por la realización de actos que constituyen una violación grave de la Constitución General de la República.
Y también por violación a diversas leyes federales emanadas de ésta, relacionada con los abusos, arbitrariedades y la violación de las garantías, además de la división de poderes en el estado de Puebla, derivados del caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.
Dicha denuncia fue ratificada ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, por lo que una vez cumplidos los requisitos legales exigidos al efecto, la Secretaría General de la Cámara de Diputados procedió a enviar dicha denuncia a la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados para continuar con la substanciación del procedimiento.
Durante su intervención en el debate que suscitó el caso del gobernador poblano, el senador Pablo Gómez Álvarez destacó que de no haber sido por la existencia de una red de traficantes y corrupción de menores, no hubiera habido ningún proceso en contra de la escritora Lydia Cacho, y no se hubiera dado la confabulación que hubo en Puebla.
Agregó que en la denuncia se advierte que la escritora Lydia Cacho exhibe un sistema internacional de turismo sexual infantil que en la ciudad de Cancún tiene una de sus principales bases a nivel mundial.
El legislador perredista argumentó entonces que el gobernador carece de facultades para dar órdenes al Ministerio Público y, darle órdenes como sucedió en Puebla, es una violación a la Constitución.
Citó que el artículo 21 constitucional señala las facultades exclusivas del Ministerio Público, en las cuales los gobernadores no pueden intervenir.
Asimismo, Gómez Álvarez explicó que el juicio político no es lo mismo que un juicio penal. Se enjuicia la responsabilidad política, se condena a través de esa figura los actos de omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos y del buen despacho.
Puntualizó que el juicio político también fue instituido originalmente para remover de sus puestos a las personas incapaces, a los servidores públicos de alto nivel incapaces.
07/MLT/GG
