El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que admita el caso de 11 mujeres que fueron violadas y abusadas sexualmente por elementos de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP) y agentes del Estado de México, en San Salvador Atenco y Texcoco, en mayo de 2006.
En entrevista con Cimacnoticias, Alejandra Nuño, directora del Programa para América Central y México del Cejil, informó que ya se presentó una solicitud formal al organismo internacional para que se pronuncie por la admisibilidad del caso presentado el 29 de abril de 2008.
«Nos encontramos haciendo todo lo que se puede a nivel de proceso y de litigio para que la Comisión pueda emitir el informe de admisibilidad», apuntó.
El 3 y el 4 de mayo de 2006 un grupo de floricultores fue desalojado violentamente por las fuerzas de seguridad en Texcoco. Hubo 207 detenidos, entre ellos 47 mujeres, varios heridos y dos jóvenes asesinados.
Durante el operativo, ordenado por el gobierno del mexiquense Enrique Peña Nieto, 26 mujeres fueron torturadas sexualmente. Una de ellas fue detenida porque «se le quedó viendo al camión de la policía», posteriormente fue violada tumultuariamente.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) constató la violación sexual contra las 26 mujeres, de ellas sólo 11 decidieron acudir ante la CIDH para presentar una denuncia.
En la demanda ante el organismo internacional se responsabiliza al Estado mexicano de haber violado los derechos a la integridad física, a la libertad y seguridad, a la dignidad y privacidad, al acceso a la justicia, a la igualdad y a la no discriminación.
Además de que incluye los testimonios de las 11 mujeres violentadas, así como los peritajes realizados por el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), la CNDH y la Procuraduría General de la República (PGR).
En 2006, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) inició una averiguación previa por violación pero no prosperó, y se turno a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) en julio de 2009, donde permanece estancada.
La representante de CEJIL acusó que en México el caso permanece impune a pesar de que hay altos funcionarios involucrados en los hechos.
Agregó que estos funcionarios y gobernantes (como Peña Nieto) «ya están pensando políticamente y electoralmente en donde se pueden posicionar en un futuro muy cercano», lo que –criticó Nuño– sería realmente lamentable, por lo que consideró que es necesario avanzar en la demanda de justicia a nivel internacional.
Alejandra Nuño reiteró que junto con el Centro Prodh y las 11 mujeres que representa CEJIL, seguirá insistiendo para que la CIDH se pronuncie en breve sobre el caso.
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