La presidenta del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres DF), Martha Lucía Micher Camarena, hizo un llamado hoy a los 31 institutos estatales de las Mujeres y a la Secretaría de Gobernación para reponer la reunión del Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres y «reflexionar» sobre la solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género por agravio comparado para Guanajuato.
Lo anterior lo hizo en conferencia de prensa donde organizaciones civiles denunciaron las «irregularidades» de la reunión del Sistema el pasado 20 de julio donde se determinó la no procedencia de la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) solicitada por ONG para Guanajuato, donde un cambio a la Constitución local prohibió la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y limitó derechos sexuales y reproductivos vigentes en la Constitución nacional.
Cabe recordar que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su Artículo 35, señala que este Sistema estará integrado por las y los titulares de las Secretarías de Gobernación, quien lo presidirá; Desarrollo Social, Seguridad Pública, Procuraduría General de la República, la Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud.
De acuerdo con la Ley General, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) ocupa la Secretaría Ejecutiva del Sistema, mientras el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) también forman parte de él.
En la conferencia, el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (OCNF), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Centro de Derechos Humanos de Guanajuato Victoria Diez, acusaron al Inmujeres, bajo su calidad de Secretaría Ejecutiva, de «viciar» el procedimiento en la reunión pasada y «decretar» la no procedencia de la solicitud, cuando ésta no era motivo de la reunión.
Micher Camarena calificó la acción del Inmujeres como «un acto de violencia institucional al negarles a las mujeres de Guanajuato una vida libre de violencia».
Las organizaciones precisaron que el motivo de la reunión era determinar si procedía o no iniciar una investigación de los hechos denunciados en Guanajuato, uno de los tantos requisitos que las ONG que piden la Alerta tienen que cubrir, de acuerdo con el Reglamento de la Ley General.
De hecho, éste fue el motivo de la petición de declaratoria por agravio comparado, porque en Guanajuato existe un cuerpo normativo transgresor de los derechos humanos de las mujeres que ha provocado una desigualdad que limita y restringe libertades y derechos a las víctimas de violencia sexual, dijo Humberto Guerrero, director de incidencia de la CMDPDH.
Guerrero Rosales dijo que hay un «erróneo entendimiento «de cómo opera el Sistema por parte de quienes lo integran que además han argumentado que este mecanismo opera únicamente para la violencia feminicida, cuando el Reglamento, elaborado por el propio Ejecutivo Federal, señala que también se decretará por agravio comparado y que será la Segob la encargada de hacerlo.
Las organizaciones civiles denunciaron que en la fallida reunión del 20 de julio, el Inmujeres se limitó a leer un documento sin logos, ni firmas y fuera del orden del día, en el que Rocío García Gaytán fijó su postura para decretar que la declaratoria de AVG no procedía y no hablaba si debería iniciarse una investigación, primer paso señalado por el Reglamento, insistieron.
Por ahora, indicó Ángeles López, del Centro de Derechos Humanos de Guanajuato Victoria Diez, esperarán a que el Sistema, a través del Inmujeres «les notifique formalmente» la no procedencia para iniciar la investigación en Guanajuato que permita decretar la AVG en la entidad.
Indicó que prepararán un informe al Comité de Expertas para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) donde le informarán lo que ha sucedido en ésta y otras entidades federativas que han dotado de personalidad jurídica al embrión para impedir que las mujeres ejerzan su derecho a decidir interrumpir legalmente un embarazo.
09/LGL/GG
