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Instituciones: sin capacidad para atender a la niñez

Por Román González

En México más de 16 mil niñas y niños son víctimas de explotación sexual comercial, en tanto que alrededor de 42 mil menores mueren anualmente durante su primer año de vida, aseguró hoy el presidente de la organización Observatorio Ciudadano de Políticas de Niñez, Adolescencia y Familias, Mario Luis Fuentes.

En el marco de la Primera Reunión Nacional de esa organización realizada en la sede de la Fundación para la Protección de la Niñez, Mario Luis Fuentes reveló que más de tres millones 500 mil menores se ven en la necesidad de trabajar exponiéndose con ello a circunstancias de riesgo o violencia.

El ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dijo que los datos muestran la complejidad de la agenda de atención a la niñez y la adolescencia, y el enorme reto que como sociedad se tiene para lograr que las niñas y niños puedan crecer con una calidad de vida digna.

Mario Luis Fuentes explicó que : “podemos percibir con claridad una fractura en el esfuerzo y en las capacidades institucionales para la atención de la niñez de nuestro país”.

En la actual administración, aseveró, hay un fuerte desperdicio de esfuerzos y capacidades, la mayoría de los canales de interlocución y participación de las organizaciones sociales se han visto cerrados o nulificados.

Fuentes señaló que la indefinición y la fragilidad de las políticas de atención a la niñez se han incrementado en la medida en que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), institución que tiene el mandato de ley de atender a la infancia, no ha contado con el apoyo necesario.

Y recordó que en julio de 2001 se creó el Consejo Nacional para la Infancia y la Adolescencia, lo cual generó una mayor confusión e indefinición en torno a qué instancia, dependencia y organismo del gobierno federal es el responsable de dirigir y atender a la niñez.

Finalmente, Mario Luis Fuentes hizo un llamado a organizaciones sociales y ciudadanas, preocupadas y vinculadas con la niñez y la adolescencia, a iniciar un proceso de demanda y exigencia ante el gobierno federal para que pueda generarse una política de Estado en la materia.

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