La violencia contra las mujeres no será erradicada solo con la creación de leyes sino con la aplicación de políticas públicas que garanticen el acceso a una vida libre de violencia, expresó Marcela Lagarde y de los Ríos, presidenta de la Red Nacional de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres.
Durante su visita a la capital del estado donde participó en la conferencia magistral «Avances en el acceso a la justicia para las mujeres en Veracruz», la también exlegisladora federal habló de los pendientes del Estado mexicano respecto a la atención de la violencia contra las mujeres y del incumplimiento en la sentencia del Campo Algodonero.
Recordó que las leyes que atienden el feminicidio y la violencia son resultado de esta sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2009 contra el Estado mexicano, por el feminicidio de 8 niñas y jóvenes ocurrido durante 2001 que fueron encontradas en ese predio en Ciudad Juárez.
Uno de los pendientes en la materia, dijo Lagarde, es la falta de estadísticas precisas sobre la violencia contra las mujeres pues lo que existe actualmente son tasas e índices manejados por instancias y dependencias como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre otros.
Entrevistada en el mismo evento, Martha Lilia Chávez González, presidenta de la Comisión permanente de Equidad de Género y Familia del congreso local, advirtió que mientras no se detenga la violencia en el ámbito doméstico no se podrá terminar con la violencia feminicida.
Señaló que es en el hogar donde se da buena parte de la violencia contra las mujeres por lo que éste no debe ser considerado como un ámbito «privado», ya que ello ha provocado que durante mucho tiempo se haya invisibilizado pues erróneamente se cree que por ser privado la justicia del Estado no puede ingresar, cuando es ahí donde se inician las agresiones que muchas de las veces culminan en feminicidio.
La legisladora señaló que se han logrado avances en el tema de feminicidio en la entidad, principalmente lo que se refiere a los protocolos de investigación, pero lo que queda pendiente es la deconstrucción social de la violencia para lo que se necesita que los tres poderes del Estado desarrollen políticas públicas que generen las herramientas para atender, sancionar y erradicar la agresión contra las mujeres en sus diferentes representaciones.
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