Insuficiente medida de EU para evitar deportación de migrantes

Grupos civiles que defienden los derechos de las personas migrantes exigieron que la “Acción Ejecutiva sobre inmigración ilegal”, que aprobó el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se amplíe para garantizar los Derechos Humanos (DH) de toda esta población que carece de documentación legal en el vecino país.
 
El pasado jueves 27 de noviembre, Obama aprobó la “Acción Ejecutiva sobre inmigración ilegal” que plantea alternativas para que las madres y padres migrantes con hijos ciudadanos estadounidenses no sean deportados inmediatamente.
 
En respuesta, 125 organizaciones que integran la Alianza para las Migraciones en Centroamérica y México (CAMMINA, por sus siglas en inglés), saludaron a través de un comunicado la aprobación de esta Acción Ejecutiva que –informó la Alianza– permitirá la estancia de entre 4 y 5 millones de personas de los 11.2 millones de migrantes en situación irregular en EU.
 
CAMMINA señaló que esta medida beneficiará a la unidad familiar y generará mayores beneficios sociales, económicos y culturales en EU, ya que las personas migrantes representan el 5.1 por ciento de la fuerza laboral del país de norte, con una aportación económica de alrededor de 832 mil millones de dólares adicionales.
 
No obstante, las organizaciones calificaron la medida como “temporal y parcial”, y solicitaron al Congreso estadounidense que haga reformas legislativas “justas, humanistas y funcionales”, que transformen el actual sistema migratorio en acciones que permitan la regularización de las personas inmigrantes.
 
Esto quiere decir –explicaron– que la Acción incluya también la posibilidad de reingresar a madres y padres de niñas y niños que residen en EU, y que hayan sido deportados, con el fin de garantizar el derecho a la reunificación familiar.
 
BENEFICIAR A FAMILIAS
 
En 2011, el Centro de Investigación Aplicada de EU estimó que había por lo menos 5 mil 100 niñas y niños en custodia de los departamentos de protección infantil en ese país debido a la deportación de sus padres y madres.
 
En México, según la Secretaría de Relaciones Exteriores, de 2010 a 2014 van 9 mil 780 solicitudes de apoyo consular en casos de custodia de niñas y niños de EU. Las organizaciones civiles advierten un incremento de casi el doble de las deportaciones de personas inmigrantes a México, durante el último año, lo que podría modificar a la alza estas cifras.
 
Respecto a la Acción Ejecutiva de Barack Obama, la Alianza también instó a que se asegure que las respuestas a la migración de niñas, niños y adolescentes no acompañados estén basadas en el principio del interés superior de la niñez, con lo que debe abstenerse de cualquier medida privativa de su libertad.
 
Asimismo, las organizaciones insistieron en la necesidad de considerar las particularidades de las poblaciones en situación de vulnerabilidad que están en proceso migratorio (mujeres, niñas, niños, adolescentes, solicitantes de asilo, víctimas de trata, entre otras).
 
CAMMINA también llamó a los gobiernos de los países de origen, especialmente a los del Triángulo Norte Centroamericano (El Salvador, Guatemala y Honduras) a asumir sus responsabilidades individuales para promover, proteger, defender y garantizar los DH, y que generen estrategias de desarrollo local y comunitario que hagan de la migración de sus ciudadanos una opción y no la única estrategia para su subsistencia.
 
La Alianza también pidió a los países involucrados en la migración promover políticas públicas que privilegien la búsqueda del desarrollo y la seguridad humana, por encima de un enfoque punitivo y restrictivo de los DH, lo que –puntualizaron– debe traducirse en un replanteamiento de la política exterior y de cooperación de estos países con EU.
 
Y urgieron a los gobiernos de EU y México a impulsar procesos amplios de información sobre los beneficios y procedimientos, para aplicar y hacer efectiva la Acción Ejecutiva.
 
Entre las organizaciones que integran CAMMINA están Sin Fronteras, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, y el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).
 
“MEDIDA ENÉRGICA”
 
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de EU, la iniciativa es un compendio de “medidas enérgicas” sobre la inmigración irregular en la frontera, que busca “darle prioridad a deportar criminales, no a las familias; y que ciertos migrantes sin documentos legales aprueben una verificación de antecedentes penales, y paguen contribuciones para mantenerse en Estados Unidos sin miedo a ser deportados”.
 
La lista de acciones están encaminadas a ampliar la población elegible al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), para personas jóvenes que llegaron a EU antes de cumplir los 16 años de edad, y previo al 1 de enero de 2010.
 
Plantea que las madres y padres de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales que se instalaron en EU antes del 1 de enero de 2010, soliciten acción diferida (ampliación del plazo de estancia legal) y autorización de empleo por un periodo de tres años, a través de un nuevo programa de Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres, siempre que aprueben la verificación de antecedentes penales.
 
Asimismo establece ampliar el uso de las “extensiones provisionales por presencia ilegal”, para incluir a los cónyuges e hijos e hijas de los residentes permanentes legales.
 
La medida, que entrará en vigor en un plazo máximo de 90 días, pretende modernizar, mejorar y clarificar los programas de inmigrantes y no inmigrantes, a fin de que crezcan la economía y el empleo.
 
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