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Insuficientes, políticas de salud sexual y reproductiva para jóvenes

Por Lourdes Godínez Leal

La puesta en práctica de programas de salud sexual y reproductiva dirigidos a las y los jóvenes, dependerá en gran medida del gobierno en turno, en el caso de ser de derecha, la sociedad organizada deberá aliarse con la iglesia católica para coadyuvar a frenar la pandemia del VIH/sida y “dejar de lado lo moral”.

Así recomendó un informe de la organización civil Population Action International (PAI) titulado En esta generación: Políticas de Salud Sexual y Reproductiva para un Mundo Joven, el cual puntualiza que México inició sus programas en la materia, incluso antes de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), signada en el Cairo, Egipto, en 1994.

El PAI sugirió a los grupos civiles buscar acercamientos incluso con sus oponentes y abordar no sólo lo relacionado con la salud sexual y reproductiva incluida la prevención del VIH/sida , sino también con lo económico y lo social.

Según el documento, nuestro país no existe una política gubernamental que aborde la salud sexual y reproductiva de las y los jóvenes en México, a pesar de que el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar de la Secretaría de Salud tiene como meta satisfacer las necesidades de salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes a través de casi 100 centros en hospitales y clínicas en todo el país.

Sin embargo, PAI señala que los programas relacionados con la salud sexual y reproductiva se enfocan hacia poblaciones muy específicas, por ejemplo, las mujeres casadas y adultas, y poco o nada tienen que ver con las adolescentes y jóvenes.

El Instituto Mexicano del Seguro Social Solidaridad es otro programa dirigido a difundir información referente a la salud reproductiva, el cual estableció un sistema de centros de adolescentes en las zonas rurales para atender su salud integral.

Y es que a pesar de que México fue pionero en establecer un programa gubernamental dirigido a las y los adolescentes en materia de salud sexual y reproductiva, los avances para garantizar la difusión y el respeto de sus derechos sexuales y reproductivos han sido insuficientes.

Los recortes en el presupuesto de salud reproductiva se han dado incluso desde 1993, al tiempo que los servicios se basan única y exclusivamente en la educación sexual y servicios, dejando de lado otras necesidades como la educación y el empleo.

El informe señala que en 1993 la Secretaría de Salud (SS) se reunió con Organizaciones No Gubernamentales (ONG) especialistas en el tema para trazar estrategias de salud reproductiva de las y los adolescentes, de la que surgió la llamada Declaración de Monterrey, cuya meta era consolidar acciones del gobierno de apoyo a las ONG para la salud de las y los jóvenes.

Un año después, refiere PAI, la SS inició un programa nacional enfocado a la juventud, cuyo objetivo era proporcionar salud integral, es decir, aparte de brindar información y acceso a los servicios, también ofrecer herramientas para asumir su sexualidad de forma autónoma, responsable y sin riesgos.

En ese entonces, el compromiso fue disminuir la tasa de embarazos adolescentes, el crecimiento de la población y la propagación del VIH/Sida mediante la educación y la planificación familiar.

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