La señora María Antonia Márquez, madre de Nadia Alejandra, quien fue asesinada en 2004 en el Estado de México, interpuso una demanda de amparo por la inconstitucionalidad de la sentencia absolutoria, a favor de Isidro López Gutiérrez, alias «Matute», quien en octubre de 2009 fue señalado como uno de los dos responsables de la muerte de la joven.
Así lo informó a Cimacnoticias Marcos Francisco López González, coordinador del área jurídica de la Oficina de Defensa de los Derechos de la Infancia (ODI), quien desde 2009 representa legalmente a la madre y los hijos de Nadia.
Nadia, de 24 años de edad, fue asesinada por su esposo, Bernardo López Gutiérrez, y su cuñado Isidro, según los testimonios de los hijos mayores de Nadia y Bernardo, César y Andrés, de nueve y diez años de edad, quienes junto con su hermana de siete años presenciaron el crimen registrado el 12 de febrero de 2004 en el municipio de Villa Nicolás Romero.
Según las declaraciones de los niños, quienes en la fecha del crimen tenían cuatro y cinco años de edad, ampliadas en dos ocasiones durante la averiguación que se cerró el pasado 8 de septiembre, los hermanos Bernardo e Isidro golpearon a Nadia, la introdujeron a la cisterna, enredaron una soga a su cuello y la colgaron de una viga en el baño de su casa, simulando un suicidio.
Después de seis años de que ocurrió el crimen, Bernardo sigue prófugo, mientras que «Matute» fue condenado a 42 años de prisión por homicidio doloso y posteriormente liberado. Pasó de purgar un delito mayor a una sentencia absolutoria, en 4 meses.
Tras cinco años y siete meses de investigación, el pasado 8 de octubre, el Juez Tercero de lo Penal en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, Felipe Landeros Herrera declaró culpable a Isidro López Gutiérrez del delito de homicidio doloso con todas las agravantes de la ley.
Una semana después, la defensa de «Matute» apeló la sentencia. Y el pasado 9 de febrero representantes del Tribunal Superior de Justicia mexiquense revocaron el fallo de Landeros Herrera, con base en los dictamines realizados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, a pesar de que en ellos, el personal de la dependencia incurrió en irregularidades, calificadas como errores humanos.
VIOLARON GARANTIAS AL DEBIDO PROCESO
El amparo interpuesto por la mamá de Nadia el martes pasado, ante el Tribunal Colegiado de Circuito en materia de lo penal, en Toluca, es sobre la inconstitucionalidad de la sentencia absolutoria, ya que es violatoria a las garantías del debido proceso de las víctimas, que en este caso son María Antonia Márquez y los niños César y Andrés, señaló López González.
De acuerdo con el abogado, el veredicto de Alfonso Velásquez Estrada, Rodolfo Antonio Becerra Mendoza y Leobardo Miguel Martínes Soria, magistrados de la Primera Sala Colegiada Penal de Tlanepantla, «viola los derechos procesales de las víctimas».
El amparo de revisión se interpone con base en el Artículo 20 constitucional. A partir de 2000, la ciudadanía tiene la facultad de participar con pruebas, desde 2007 tiene derecho a reclamar que sus pruebas y alegatos sean debidamente valorados, para que por esa razón no se les niegue el acceso a la justicia, explicó.
Sin embargo, no existen mecanismos para defender este derecho hacen falta reformas al sistema penal, que permitan ejercer esta garantía constitucional.
Esta demanda, dijo, busca establecer mecanismos de apelación, debido a que un código de procedimientos en el Estado de México no puede estar por encima de la Carta Magna.
La pugna puede derivar en «que un juez federal obligue a un local a dictar una nueva sentencia, es decir, de nuevo se tendrían que valorar las evidencias, partiendo del laudo condenatorio en contra de Matute», refirió el coordinador del área jurídica de ODI.
Otra de las posibilidades es que se reponga el proceso, lo que significaría que se nulifique todo lo actuado, quedarían sin validez las sentencias emitidas por el juez tercero de Cuautitlán Izcalli y por los magistrados mexiquenses.
En caso de que el Tribunal Colegiado de Circuito en materia de lo penal dictara la inconstitucionalidad del veredicto absolutorio «seguiría vigente la sentencia de Landeros Herrera, lo cual derivaría en la reaprehensión de Isidro».
El Tribunal tiene seis meses para emitir una resolución, y en caso de que ésta sea contraria a los intereses de las víctimas, el caso de Nadia Alejandra, «paradigmático» por la violencia en contra de las mujeres mexiquenses y por las «irregularidades» en la impartición de justicia será presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informó Marcos Francisco López.
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