Aunque la decisión de continuar o interrumpir un embarazo producto de una violación es reconocida como un derecho de la mujer, los prestadores de salud carecen de la capacitación necesaria para ofrecer una asesoría imparcial, apegada a la ciencia médica y respetar el derecho constitucional a las mujeres que se encuentran en esta situación, revela un sondeo realizado aquí.
Integrantes de la Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir realizaron un sondeo entre estudiantes del área médica de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, dentro de las acciones de la campaña «No es un delito, el aborto por violación es un derecho», impulsada por las organizaciones integrantes del Colectivo Huaxyacac.
El Huaxyacac dio a conocer hoy los resultados del sondeo en un comunicado de prensa y el objetivo fue conocer las actitudes y conocimientos de estudiantes universitarios de ambos sexos en torno al aborto por violación.
El sondeo se realizó mediante la aplicación de un cuestionario previo y posterior a la realización de un taller participativo y la presentación del video «No estás sola», producción de la organización Católicas por el Derecho a Decidir.
La población encuestada reconoció el derecho de la mujer de manera independiente a la opinión del prestador del servicio de salud en un 70 por ciento; que es una obligación del personal de salud ofrecer asesoría basada en información laica y científica a las mujeres en esta situación en un 95 por ciento.
El 97 por ciento de los encuestados considera que actualmente los prestadores de servicios de salud carecen de una formación en derechos humanos de las mujeres, concretamente en derechos sexuales y reproductivos y, por lo tanto, requieren de una formación universitaria en este sentido coincidieron un 95 por ciento.
Reconocieron también la necesidad de que instancias profesionales brinden apoyo a la universidad para fortalecer la formación de la población universitaria y para brindar asesoría respecto a temas como aborto legal por violación, entre otros, estuvieron de acuerdo un 90 por ciento de los universitarios encuestados.
Los resultados de este sondeo serán presentados a las autoridades universitarias con el fin de establecer lazos de coordinación entre la Universidad y las organizaciones civiles promotoras del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Raquel Chávez Solano y Mario Alberto Bautista, representantes estatales de la Red Católica, reconocieron la apertura de las autoridades de la UABJO para incorporar contenidos teóricos que fortalecen la formación de sus estudiantes y para establecer lazos de cooperación son la sociedad civil.
Consideraron que en un mediano plazo puede redundar en un mejor desempeño laboral por parte del personal médico egresado de esta institución.
La campaña «No es un delito, el aborto por violación es un derecho», iniciada el pasado 26 de septiembre pasado dentro de las actividades para conmemorar el Día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, busca informar a la población en general acerca de los derechos sexuales y reproductivos vigentes en la entidad.
En especial el derecho de las mujeres a decidir sobre la continuación o interrupción de un embarazo impuesto por medio de una violación sexual y sensibilizar a los tomadores de decisiones, en torno a las lagunas existentes en la ley, que impiden que las mujeres en esta situación accedan al derecho.
El derecho de aborto legal por violación, reconocido por el ejecutivo estatal como un problema de salud pública, así lo señala en el Plan Estatal de Desarrollo Sustentable y por el poder legislativo en su conjunto como un tema pendiente dentro de la agenda legislativa, lo anterior, luego del Foro sobre Derechos Sexuales y Reproductivos. El Derecho a Decidir, realizado el mes pasado.
En tanto, el aborto es para el Colectivo Huaxyacac un derecho que expresa la libertad o la sujeción social de las mujeres, por lo que toca a los tomadores de decisiones responder esta cuestión, concluye el comunicado.
05/SJ
