Emelia Ramírez, madre de Virginia y Daniela Ortiz, mujeres triquis desaparecidas el pasado 5 de julio sobre el camino que lleva al poblado de Santiago Juxtlahuaca, exigió hoy al gobierno federal su intervención en este y otros casos de violencia feminicida, ante la nula respuesta del gobierno de Ulises Ruiz y el incumplimiento del compromiso hecho por el Procurador de Justicia del estado para iniciar su búsqueda.
Esta promesa la hizo el funcionario oaxaqueño desde agosto pasado, sin que hoy se realicen acciones para encontrar a Virginia, de 20 años de edad y maestra de educación primaria bilingüe, y Daniela, estudiante de nivel básico, a quienes algunos testigos vieron dentro de una camioneta, en donde iban vendadas de los ojos.
En conferencia de prensa donde se presentó la campaña «¡Si no están ellas… no estamos todas!» para exigir que Daniela y Virginia regresen a casa con vida, la activista Raquel Sánchez, de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDH), denunció la violencia de género contra las mujeres de esta comunidad y que Ulises Ruiz no haya tomado las medidas necesarias hasta ahora para detener el conflicto que permanece desde hace poco más de 30 años.
La activista sentenció que si el gobierno «represor» de Ulises Ruiz no las escucha, agotarán todas las instancias nacionales e internacionales y aprovecharán todos los foros para hacer escuchar las voces de estas mujeres.
En tanto, la diputada perredista Aleida Alavéz anunció que el próximo martes presentará un punto de acuerdo en la comisión permanente para abordar el caso y exigir a la Secretaría de Gobernación que declare la alerta de violencia de género que mandata la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 24 –indicada cuando los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres perturben la paz social en un territorio determinado– así como para exigir al Procurador de Justicia estatal «que se ponga a trabajar».
Cabe recordar que en agosto pasado Florentín Meléndez, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), visitó Oaxaca y conoció de primera mano la situación de las mujeres, por lo que se comprometió a seguir de cerca las investigaciones que emprendiera el gobierno estatal.
Pero como no ha pasado nada, Raquel Sánchez, de la Limeddh, anunció que solicitarán una audiencia temática en la CIDH, aunque no precisó una fecha.
La defensora de derechos humanos denunció la discriminación institucional hacia la madre y hermana de Daniela y Virginia por parte del Procurador de justicia de la entidad, Evencio Nicolás Martínez, quien desde la primera reunión que sostuvo con éstas no fue claro.
Primero, porque les dijo que investigaría, y luego les indicó que «no podía arriesgar a su gente» ante la dificultad para ingresar a la zona triqui por los conflictos políticos que existen Tajante, recuerda Raquel Sánchez, el Procurador le respondió a la madre de Virginia y Daniela «si quieres, puedes ir a Putla, Juxtlahuaca o en la zona triqui a buscar a tu familia, hasta voy a aplaudir si haces eso».
SEXENIOS PANISTAS, VIOLENTOS PARA MUJERES
En tanto, Marusia López, de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, y la ex legisladora perredista Angélica de la Peña, una de las creadoras de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, calificaron a la administración foxista y ahora la de Calderón, como las más violentas para las mujeres, por la continua violación y menosprecio a sus derechos humanos.
Impunidad, injusticia, invulnerabilidad e indefensión para las mujeres definen a ambas administraciones, ante una «supuesta» lucha contra el narcotráfico que, a decir de ambas, se ha convertido en una criminalización y represión de los movimientos sociales a través de la violación sexual de las mujeres de las comunidades principalmente indígenas.
De la Peña dijo que el caso de las triquis es otra muestra del «no Estado de derecho» que caracteriza al gobierno de Calderón y al de Ulises Ruiz, al no respetar las garantías individuales, que lamentó, se han vuelto hechos cotidianos.
Por ello, hizo un llamado a reivindicar el Estado de derecho y a preservar los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres del país.
La ex legisladora feminista manifestó su preocupación por la eventual desaparición de instituciones como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Violentos contra las Mujeres (Fevim) y la Comisión para Juárez.
Así como por el retraso en la publicación del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mismo que debió haber estado listo desde mayo de 2007 y que fue entregado en mano propia por parte de las creadoras de la Ley, Marcela Lagarde y de la Peña, al abogado del Instituto Nacional de las Mujeres, Pablo Navarrete.
Angélica de la Peña lamentó que pese a que Oaxaca fue la primera entidad federativa en hacer reformas a sus Códigos Penales y de Procedimientos y a otras legislaciones, para armonizar la Ley General, estas permanezcan detenidas ante la falta del compromiso del gobierno federal y estatal con las mujeres.
07/LGL/GG
