La intervención militar en operaciones que corresponden a las policías implica abusos de poder, pues genera una relación con las comunidades que traspasan los límites de su autoridad y provoca conflictos dentro de las comunidades, en donde las mujeres siempre están en mayor riesgo.
Así define la activista por los derechos humanos Angélica Ayala Ortiz la situación por la que atraviesan varios estados del país a raíz de la orden de Felipe Calderón de trasladar las fuerzas militares a la PFP o a la AFI a zonas determinadas.
Las fuerzas empleadas para ejercer trabajos propios de los cuerpos policíacos están capacitadas en las armas, en estrategias de lucha, pero carecen de la capacitación mínima indispensable de lo que son los derechos humanos, sus responsabilidades y las formas de intervenir en este tipo de casos.
No están preparados ni informados para hacer trabajos de investigación ni seguimiento ni trabajos relacionados con la justicia, agregó.
«La experiencia que tenemos es que la misma gente que pide la intervención de militares son después las voces que los rechazan cuando enfrentan las condiciones que implica tener a los militares a fuera de tu casa, en la calle de tu colonia o en la presidencia municipal, ahí es donde empiezan a mirar realmente lo que implica la presencia militar», explica.
Se forma así un peligroso escenario en donde el Estado, en contubernio con los gobiernos federal, estatales y municipales «quieren tomar la fuerza como única razón, ante la imposibilidad de resolver la problemática tan grave que tenemos».
Integrante del Grupo de Estudios sobre la Mujer «Rosario Castellanos» añadió que la política del gobierno federal de incorporar militares a las tareas de seguridad pone en riesgo los avances obtenidos en materia de derechos humanos, pues nos hace más vulnerables.
Ayala Ortiz sostuvo que el discurso del gobierno de Felipe Calderón es muy delicado, ya que junto a los gobiernos ?federal, estatal o municipal- hay grupos de poder que utilizan a los medios de comunicación que hacen aparecer que hay una corriente de opinión pública que demanda intervenciones fuertes por parte del Estado.
Entonces, añadió, los gobiernos utilizan este discurso para hacer intervenciones militares como las que estamos viendo en diferentes estados, «ellos más allá de pensar en la legalidad se escudan en la necesidad de respuesta a lo que la sociedad está exigiendo, eso es muy peligroso, porque pareciera ser que eso legitima sus acciones».
Sin embargo, advirtió que las organizaciones de la sociedad civil y en especial las defensoras de los derechos humanos han sido claras en rechazar el uso de la fuerza pública para solucionar las demandas ciudadanas.
Presidenta en Oaxaca de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos en la década de los noventa en Oaxaca, Ayala Ortiz apuntó que «el origen de las fuerzas militares es para salvaguardar a la nación, no para ser utilizadas por el Estado en contra de la propia población».
07/SJ/GG
