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Inútil el Derecho Internacional para las mexicanas

Por Miriam Ruiz

Mientras el gobierno de México no ratifique el Estatuto de Roma, que dio origen a la Corte Penal Internacional (CPI), ningún caso como las esterilizaciones forzadas de indígenas o violaciones a los derechos humanos de las mujeres podrán ser llevados a esa instancia, aseveraron hoy especialistas en Derecho Internacional que visitan nuestro país.

Hugo Relva, asesor de Amnistía Internacional (AI) para el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional (CPI), dijo en entrevista con Cimacnoticias que ningún caso de violaciones a derechos humanos de las mexicanas podría juzgarse ante esa instancia ya que ésta sólo puede juzgar casos cometidos después de su ratificación por cada país.

Hasta ahora 90 países han firmado el Estatuto de Roma que hace un año dio origen a la CPI, afirmó Relva durante el seminario La Justicia Penal Internacional que se realizó hoy en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Relva señaló sin embargo que las esterilizaciones forzadas pueden ser una estrategia de exterminio y explicó que esas acciones por parte del Estado se consideran como genocidio bajo el Derecho Internacional.

Renzo Pomi, representante de AI ante la ONU, coincidió con Relva en que serán pocos los casos de México que llegarán a las cortes internacionales, porque solamente cuando los gobiernos fallan en sus acciones es necesario ser juzgado por estos tribunales.

Ambos expertos esperan que la justicia mexicana logre tener suficiente eficiencia para resolver las injusticias en el ámbito nacional, lo que es siempre el ideal.

Pomi indicó que además de la CPI existen otras instancias donde se pueden juzgar violaciones de derechos humanos contra la población femenina tales como el embarazo forzado, la violación en contexto de guerra, la esclavitud sexual, considerados crímenes de lesa humanidad.

En México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo un llamado a la Secretaría de Salud para investigar y resolver las denuncias sobre esterilizaciones forzadas (ligadura de trompas o vasectomía) a las poblaciones indígenas del país. Al momento no hay respuesta pública de la Secretaría de Salud.

Las esterilizaciones a mujeres, realizadas bajo coacción o engaño persisten, dijeron en meses pasados a Cimacnoticias un grupo de trabajadoras del Instituto Mexicano del Seguro Social en los altos de Chiapas y zonas marginadas del estado de Puebla.

Pomi, ex secretario adjunto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), rechazó por otra parte las amnistías y que los tribunales castrenses juzguen delitos comunes cometidos contra civiles en su jurisprudencia.

Durante su ponencia sobre la CIDH, que tiene autoridad para juzgar violaciones a derechos humanos en 33 países, incluyendo México, Pomi resaltó que la justicia militar y las amnistías son dos obstáculos que prácticamente garantizan la impunidad, incluso en la corte interamericana.

“Los tribunales militares no juzgan con imparcialidad” y un tribunal encabezado por militares “no es el campo para juzgar a delitos civiles” abundó el uruguayo.

Los tribunales de las fuerzas armadas deben circunsribirse a su función de juzgar únicamente lo que compromete el orden de la agrupación, aseguró el especialista en derechos humanos.

El seminario se realizó bajo los auspicios de la Coalición Mexicana por la Corte Penal Internacional, la Academina Mexicana de Derechos Humanos, la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y la Unidad de Posgrado de Ciencia Políticas y Sociales de la UNAM.

En él participaron el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), Luis Díaz Muller, Hugo Relva, asesor de Amnistía Internacional; José Antonio Guevara, director del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y Patricia Neri, catedrática de la Universidad de Hidalgo e integrante de la Coalición Mexicana por la CPI.

2003/MR/MEL

       
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