Hace un año, una niña indígena de 14 años salió de trabajar de la casa en donde laboraba como empleada doméstica. Era la noche del 28 de abril de 2009, en Cuautepec, Hidalgo. Se dirigió hacia su casa y al pasar por el mercado municipal, se encontró con su primo, quien bebía junto con otros tres jóvenes adentro de una zapatería.
Él la invitó a pasar, ella se rehusó, pero él la introdujo de un jalón en el negocio que para esas horas ya estaba cerrado al público. La puerta de la cortina del comerció se cerró.
A las seis de la mañana del día siguiente, los violadores dejaron ir a la niña, luego de amenazarla para que no denunciara el hecho, bajo promesas de dañarla a ella y a su familia, así como de mostrar el video que le habían tomado durante la violación tumultuaria.
Hija de indígenas serranos que hace varios años migraron hacia Cuautepec, y que a lo largo de su vida han recibido toda clase de violencia, la niña hizo lo que, hasta entonces estaba acostumbrada a hacer: cerrar la boca y obedecer.
Como en ocasiones se quedaba a dormir en el lugar donde trabaja, a su familia no le extrañó que esa noche no hubiera llegado. Lo que sí les sorprendió fue la profunda depresión en que la menor de edad cayó durante los siguientes días.
Luego de varios intentos, sus padres por fin lograron conocer la verdad y la respaldaron en todo momento, incluso cuando todo les era adverso.
Esta niña vive con sus progenitores y ocho de sus 14 hermanos en un cuarto que antes era un «chiquero», el sitio donde se crían los puercos.
En septiembre de 2009 nació su hermano más pequeño, un bebé que no alcanzó a que su madre llegara al hospital. Arribó a este mundo en un taxi que los vecinos se cooperaron para pagar y en un momento muy difícil para la familia en busca de justicia.
En esa búsqueda, la familia de la niña de 14 años rechazó 100 mil pesos que los violadores les ofrecieron a cambio de retirar la demanda.
LAS AUTORIDADES
– «Eres una puta», «una mentirosa», «¿por qué metes a los medios de comunicación en esto?», «nada más quieres perjudicar a los muchachos», «si no dejas de mentir, te voy a meter a la cárcel», le dijo la psicóloga de la Procuraduría a esta niña.
Las autoridades están dando los primeros pasos en favor de las mujeres y por lo pronto el caso de esta niña, y el de otras menores de edad que sufren violencia por el simple hecho de ser mujeres, se agilizaron y junto con la participación del Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM) se creó la Unidad de Género en el organismo encargado de la procuración de justicia.
El poder judicial tiene ahora en sus manos el desenlace de este caso, al menos en el aspecto legal. El área jurídica y de atención psicológica del IHM le ha dado atención a la niña y la Procuraduría ya consignó a los violadores.
El poder legislativo debe entender también que por no haber aterrizado correctamente la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Hidalgo, esta niña hoy, a sus 15 años, es sólo una más de las muchas víctimas que todavía no acceden a la justicia.
La Ley establece que «la violencia institucional son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia».
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