Amnistía Internacional (AI) urgió a las autoridades a publicar los nombres de las personas detenidas, los cargos que enfrentan, y de los fallecidos como resultado de la ocupación de Policía Federal Preventiva (PFP) a la capital oaxaqueña el pasado 29 de octubre.
AI pidió lo anterior en un comunicado enviado el martes 7 de noviembre, en el que apuntan que las autoridades deben demostrar que estas personas hayan tenido acceso a familiares, atención médica, «representación letrada» de su selección y hayan sido presentadas ante el juez.
Es imprescindible ?dice el documento del servicio de noticias 287 de AI- que las autoridades permitan el acceso de representantes de la sociedad civil, incluyendo los defensores de derechos humanos en Oaxaca, a los lugares de detención para constatar la situación de los detenidos.
Explica que la falta de información oficial acerca de su condición física y de los cargos que enfrentan podría significar que están sujetos a un régimen de incomunicación y malos tratos, las cuales constituyen violaciones graves de derechos humanos.
Señala que este organismo internacional ha recibido informes en los últimos cinco meses sobre casos de tortura y malos tratos, e incomunicación de varios manifestantes detenidos por las autoridades estatales.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca deben coordinar sus esfuerzos para vigilar el respeto de los derechos de los detenidos en coordinación con la sociedad civil, agrega el documento para la prensa.
Las autoridades también deben hacer público información acerca de las personas que han muerto en el contexto del conflicto y las personas lesionadas, incluyendo a los miembros de la seguridad pública.
Señala que expresa su consternación por los 17 muertos reportados desde el inicio del conflicto en mayo pasado, «varios de los cuales al parecer fueron asesinados por individuos y grupos de personas armadas con aparente lazos al partido gobernante en el estado», en referencia al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La organización urge a que se realice una investigación federal e imparcial de estos crímenes. Asimismo, condena el aparente uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de las policías municipales, estatales y federales en los varios operativos contra manifestantes y recalca la necesidad de investigar imparcialmente las violaciones de derechos humanos.
CARTA A FOX
Por otra parte, a iniciativa de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Grupo de Trabajo sobre América Latina (LAWG), 34 organizaciones e individuos en Estados Unidos y a nivel internacional, preocupados por la situación en Oaxaca, enviaron una carta al presidente Vicente Fox Quesada el 7 de noviembre.
En la misiva, informó la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos (RODH), las organizaciones expresan la necesidad de reestablecer estabilidad en el estado y lamentan el operativo policial que ha «desencadenado en más muertes y amplias violaciones a los derechos humanos como cateos ilegales y la detención arbitraria de varias personas».
Entendemos que estos hechos ocurren en el marco de un largo conflicto social y político que han enfrentado a varios sectores de la sociedad oaxaqueña con autoridades estatales y expresan su preocupación porque el gobierno federal no resolvió el conflicto por medio del diálogo y optó por un operativo policial que creó más caos en el estado y no ha contribuido a la resolución de las causas del conflicto.
Los organismos estadounidenses solicitan al gobierno federal investigue a fondo a los grupos para-policiales para identificar quiénes los conforman y quiénes los ordenaron, y asegurar que sus crímenes no queden impunes.
También realizar investigaciones efectivas respecto a las violaciones de derechos humanos ocurridas durante todo el conflicto, fincando responsabilidades por dichas violaciones y aplicando las sanciones respectivas.
Así como, garantizar la integridad física y el derecho al debido proceso de los detenidos. En específico urgimos poner particular cuidado en aquellos detenidos que hayan sido turnados a las autoridades estatales, pues consideramos que actualmente no existen las condiciones pertinentes para que éstas actúen con imparcialidad.
Suspender de inmediato los cateos ilegales, las detenciones arbitrarias y cualquier acto de intimidación contra los manifestantes y garantizar el derecho de asociación, expresión y manifestación de los ciudadanos.
Además de promover el diálogo y de seguir buscando, junto con los diferentes actores en el estado, una solución negociada y pacífica a las diversas demandas sociales presentes en este conflicto.
06/SJE/GG
