Diana Martínez Dueñas es una mujer de apariencia frágil. Al verla, nadie imaginaría que ha sido capaz de enfrentarse al Estado mexicano, en una batalla de más de cuatro años, para que las autoridades le entreguen a su hermano Alejandro, desaparecido por agentes federales en la ciudad de Colima el 30 de junio de 2001.
El 24 de agosto, tras cuatro años de insistir ante la Procuraduría General de la República (PGR), logró que su titular, Daniel Cabeza de Vaca, se comprometiera públicamente a seguir la línea de investigación que la dependencia ha evitado y que ella señaló desde el principio: la participación de los policías federales en la desaparición de su hermano.
El funcionario hizo el compromiso durante su comparecencia con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, quienes le presentaron la evidencia reunida por Diana sobre la responsabilidad de los agentes en una investigación personal que no sólo ha consumido tiempo, sino también el sencillo patrimonio de la familia.
Para llegar a este punto, ella tuvo que recorrer un largo camino a través de los laberintos del sistema de procuración de justicia mexicano. Sin darse por vencida ni descalificar de antemano a ninguna instancia, tocó todas las puertas y agotó todos los recursos legales para conocer el paradero de su hermano.
De una vida tranquila y sin más complicaciones que la atención de su hogar y su familia en Tijuana, Diana pasó inesperadamente a la pesadilla interminable de buscar a su hermano; primero, en agencias del Ministerio Público y reclusorios; después, en hospitales y hasta en la morgue.
Cabello castaño y sonrisa franca pese a la tragedia, Diana cumplió este viernes 44 días viviendo en una frágil tienda de campaña que instaló a la puerta de las oficinas centrales de la Procuraduría General de la República (PGR) en Paseo de la Reforma, después de agotar todos los recursos legales para saber el paradero de Alejandro y exigir castigo para los culpables de su desaparición.
Su madre, Marcelina Dueñas, de 70 años, y su hermano Cuauhtémoc, la acompañan en esta etapa de su lucha y, junto con ella, reiteran: «no nos moveremos de aquí hasta que nos entreguen a Alejandro».
Pero Diana no se ha limitado a denunciar y protestar. Con una decisión inquebrantable, investigó por su cuenta las circunstancias en las que desaparecieron Alejandro y su amigo, José de Jesús González Medina. Ubicó a testigos presenciales que le dieron detalles del operativo y descripciones de los agentes que participaron.
De la misma manera, logró saber que los jóvenes fueron torturados y trasladados a la delegación de la Cruz Roja en Colima, el mismo día de la detención, por un agente de la Policía Judicial Federal que acostumbraba llevar a los detenidos a la institución para conseguir certificados de no lesiones.
Su peregrinar comenzó en Colima, con las autoridades locales que le dieron las primeras pistas. Entonces, esta ama de casa, sin conocimientos de Derecho, pero con la plena convicción de que la detención de su hermano, realizada sin orden de aprehensión, era un acto ilegal que vulneraba sus derechos, denunció el hecho y continuó con su investigación.
Con toda la información reunida, acudió a la PGR y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que, asegura, la decepcionaron. La primera, después de tres meses de rodeos y evasivas en la investigación, se declaró incompetente en el caso y envió el expediente de regreso a Colima.
La segunda aseguró que la evidencia reunida era insuficiente para acreditar que Alejandro Martínez Dueñas había sido víctima de una desaparición forzada.
A instancias de Diana, los titulares de ambas dependencias fueron llamados a comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado, cuyos integrantes les pidieron rectificar sus actuaciones en el caso.
El titular de la CNDH, José Luis Soberanes, deberá elaborar un informe especial sobre el caso con un pronunciamiento más enérgico sobre la responsabilidad de la PGR. El procurador, por su parte, se comprometió a recibir a Diana y a tomar en cuenta sus propuestas en la investigación.
Ella espera que este acuerdo la lleve por fin a encontrar a su hermano y a lograr que se castigue a los responsables de su desaparición.
«Hubo quien me dijo: ‘tú confías en el gobierno’, y yo respondía que no era eso, sino que tenía que darles la oportunidad. No puedo decir que no funcionan o que no hacen su trabajo sin haberlo intentado. Sabía que tenía que seguir todo el procedimiento; no pueden decir ahora que me brinqué un paso», explica en entrevista.
05/LG/YT
