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Investigará Perú esterilizaciones forzadas a mujeres indígenas

Por Sandra Herrera Antay*

Entre 1990 y el año 2000 más de 300 mil mujeres peruanas fueron sometidas a tratamientos de anticoncepción quirúrgica definitiva. Ellas pertenecían a regiones con altos niveles de pobreza y con una mayoría de población indígena.
 
Del total de mujeres sometidas, sólo 10 por ciento dio su consentimiento. Las demás fueron víctimas de esterilizaciones forzadas, siendo chantajeadas, amenazadas y hostigadas por médicos y enfermeras de los centros de salud de sus localidades.
 
Tales prácticas se realizaron en el marco del Programa Nacional de Planificación Familiar del gobierno del entonces presidente, Alberto Fujimori.
 
Para promover el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas y saber el número exacto de las afectadas, el pasado 7 de noviembre el caso fue catalogado como un “asunto de interés nacional de Perú” en un decreto emitido por el mandatario Ollanta Humala.
 
El decreto ordena la creación de un registro de víctimas. Así lo aseguró el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Ernesto Lechuga.
 
“Absolutamente no hay ningún cálculo político ni de establecer ‘a priori’ ningún tipo de responsabilidad; ésta se tendrá que determinar a través de los procesos judiciales correspondientes”, acotó Lechuga ante las críticas de los congresistas fujimoristas, quienes aseguran que la implementación del registro es una contra campaña a su candidata, Keiko Fujimori, hija del ex presidente.
 
Por su parte, el ministro de Justicia, Aldo Vásquez, indicó que su cartera asumirá la asistencia legal, tratamiento psicológico y atención médica para las víctimas. Este primer paso fue celebrado por defensoras de Derechos Humanos (DH).
 
Una legítima política de control de la natalidad no vulnera el derecho de decidir sobre el propio cuerpo, sino que deja decidir a las mujeres si desean o no tener más hijas e hijos, por lo cual las esterilizaciones forzadas son una grave violación a los DH, que deja severas secuelas físicas y psicológicas a quienes fueron sometidas, advirtieron activistas.
 
*Este artículo fue retomado del portal de la Agencia Informativa Púlsar.
 
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